Los viajeros aéreos están sufriendo los tiempos de espera más largos de la historia bajo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), según declaró el miércoles la directora interina de la agencia, mientras la última propuesta para poner fin al estancamiento presupuestario y poner freno al plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump se topaba con una fuerte resistencia en el Congreso.
Ha Nguyen McNeill, de la TSA, describió las crecientes dificultades a las que se enfrentan los trabajadores aeroportuarios sin sueldo —facturas y avisos de desalojo que se acumulan, e incluso donaciones de plasma para llegar a fin de mes— y advirtió que l os legisladores deben garantizar que «esto no vuelva a suceder nunca más».
» Esta es una situación grave», declaró en una audiencia de la Cámara de Representantes, advirtiendo sobre posibles cierres de aeropuertos. «En este momento, tenemos que considerar todas las opciones sobre la mesa».
Sin embargo, en el 40.º día del enfrentamiento que involucra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no se vislumbraba una salida fácil. Ni los senadores republicanos, que hicieron la última oferta, ni los demócratas, que exigen más cambios en la aplicación de las leyes de inmigración, parecían estar más cerca de un acuerdo.
Trump, quien inicialmente parecía haber dado su visto bueno al acuerdo, se ha negado a brindarle su apoyo total o a ejercer su influencia política para garantizar que sea aprobado.
Altos funcionarios de agencias dependientes del DHS hablaron durante más de tres horas ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre los posibles riesgos de fallos de seguridad a menos que termine el cierre parcial del gobierno.
El acuerdo pende de un hilo
El DHS lleva sin financiación habitual desde mediados de febrero. Los demócratas insisten en cambios en la aplicación de las leyes de inmigración y las operaciones de deportación masiva de la administración Trump tras los asesinatos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales durante las protestas.
La última propuesta financiaría la mayor parte del DHS, excepto las operaciones de aplicación de la ley y expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), que han sido el centro del debate. El plan cubriría otros aspectos de ICE, así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
