El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tiene previsto testificar este martes en el juicio contra el excongresista de Florida David Rivera, un amigo cercano y aliado político que enfrenta cargos por lavado de dinero.

Según los fiscales, entre 2017 y 2018, Rivera y Esther Nuhfer —exsocia comercial de Rivera— hicieron lobby ante funcionarios estadounidenses, incluido Rubio, con el objetivo de que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela en nombre del gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro.

En aquel entonces, las relaciones entre ambos países eran antagónicas, dado que el presidente Donald Trump —quien cumplía su primer mandato— había impuesto una serie de sanciones contra el régimen socialista de Maduro.

Según la acusación formal, tanto Rivera (de 60 años) como Nuhfer (de 51) actuaron como agentes extranjeros sin registrarse ante el Departamento de Justicia, lo cual constituye una violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), y lavaron fondos con el fin de ocultar y promover su conducta delictiva.

Rubio no figura como acusado en la acusación formal ni ha sido señalado de haber cometido irregularidad alguna. El Departamento de Estado no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el testimonio de Rubio.

Los abogados de Rivera y Nuhfer declinaron hacer comentarios sobre los cargos, al igual que el Gobierno de Venezuela.

Además de Rubio, otras figuras políticas de alto perfil y exfuncionarios gubernamentales también están en la lista de testigos, entre ellos el representante de Texas Pete Sessions, la exasesora de la Casa Blanca durante la administración Trump Kellyanne Conway y el exsubsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental Otto Reich. El juicio comenzó este lunes en Miami.

Rivera ejerció como congresista republicano entre 2011 y 2013, para posteriormente dedicarse al lobby.

En una entrevista concedida en 2022 a WFOR, afiliada de CNN, Rubio reconoció su estrecha amistad con Rivera.

“Él y yo fuimos compañeros de piso en Tallahassee hace más de 15 años… es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntos estrechamente, pero no en este asunto”, declaró Rubio. “En definitiva, no tiene nada que ver conmigo… La verdad es que no guardo relación alguna con esto, pero a la gente le gusta preguntar al respecto porque cree que sería interesante si hubiera algo oculto ahí… pero no tiene nada que ver conmigo”.

Según la acusación formal, Rivera recibió millones de dólares por parte de PDV USA —una filial estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela— a cambio de ejercer presión sobre políticos estadounidenses con el fin de mejorar las relaciones entre ambas naciones y evitar que “Estados Unidos impusiera sanciones económicas adicionales” contra el presidente de Venezuela y “otros miembros de su régimen”.

Funcionarios estadounidenses indicaron que Rivera firmó un contrato por valor de US$ 50 millones con PDV USA en 2017. El abogado de Rivera y el Gobierno de Venezuela declinaron la solicitud de comentarios de CNN respecto a los cargos imputados. Un abogado de Nuhfer también declinó hacer comentarios sobre los cargos.

“El contrato definitivo firmado por David Rivera estipulaba cinco pagos parciales de US$ 5.000.000 cada uno y un pago final de US$ 25.000.000, sumando un total de US$ 50.000.000, a lo largo de un periodo de tres meses”, señala la acusación que alega que tanto Rivera como Nuhfer prepararon facturas con el membrete de su firma para solicitar los pagos que enviaron a ejecutivos de PDVSA en Caracas. PDVSA es la compañía petrolera del Gobierno de Venezuela.

Según la acusación, en 2017 Rivera se reunió con un senador estadounidense en una residencia privada en Washington para informarle que una persona extranjera había persuadido a Maduro de aceptar un acuerdo mediante el cual Venezuela “celebraría elecciones libres y justas” a cambio de una “reconciliación con Estados Unidos”. Posteriormente se celebró una segunda reunión en un hotel de Washington, a la cual se sumó telefónicamente un político venezolano no identificado.

La oficina de Rubio confirmó a CNN en 2022 que el republicano de Florida se reunió con Rivera en 2017 y que, posteriormente, se reunió con un colaborador cercano de Maduro.

“El senador Rubio comunicó directamente lo que ha venido diciendo públicamente desde hace más de cinco años”, declaró en aquel momento un portavoz de Rubio. Y continuó: “Que la única forma de que se levanten las sanciones es que el régimen acceda a celebrar elecciones libres y justas. Si, tal como se alega, esto constituyó un intento de suavizar su postura respecto a las sanciones, fracasó estrepitosamente”.

El portavoz también destacó el hecho de que la acusación señalaba que el grupo nunca le comunicó a Rubio que estaban ejerciendo presión en nombre de Venezuela. Los fiscales federales alegan que los coacusados ​​—junto con otras dos personas con las que interactuaban para promover sus gestiones de cabildeo— “intentaron con frecuencia ocultar el tema de sus conversaciones utilizando palabras clave para referirse a ciertos individuos y a otros elementos”. Según la acusación formal, en correos electrónicos y mensajes de texto codificados, se referían al presidente Maduro como “El guagüero”, a un congresista estadounidense como “el sombrero”, al dinero como “la Luz” y a millones de dólares como “melones”.

Los registros del condado de Leon indican que Rivera y Rubio adquirieron una vivienda en Tallahassee en 2005 por US$ 135.000. Vendieron la propiedad 10 años después por US$ 117.000.

La pena máxima por el cargo de conspiración es de cinco años, la pena máxima por no registrarse como agente extranjero también es de cinco años y la pena máxima por el cargo de lavado de dinero es de 20 años. La pena máxima por los cinco cargos de realizar transacciones utilizando fondos procedentes de actividades delictivas es de 10 años por cada uno.