Santo Domingo, RD. -Las instituciones periodísticas de la República Dominicana cuestionaron la decisión de la jueza presidenta del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que impuso medidas cautelares contra los comunicadores Ramón Miguel Gutiérrez Jerez (Nelson Gutiérrez) y Joan René Santana (El Tirador), para complacer al exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien lo acusó de presunta difamación, injuria y calumnia.

Los dirigentes de las instituciones formularon sus declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en la que calificaron la decisión de la magistrada Patricia Padilla de extralimitación, abuso de poder, intolerancia, de violatoria a los más elementales principios de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Los líderes que hablaron para los medios de comunicación, fueron Luís Pérez, presidente del CDP; Gabriel Cruz, presidente de Instituto de Previsión y Protección de Periodista (IPPP); Nelson Gutiérrez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CONADEHU); René Polanco, presidente del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión; Olivo De León, coordinador del Movimiento Marcelino Vega (MMV); dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), del Colegio Dominicano de Locutores (CDL), y de la Red de Jóvenes de los Medios de Comunicación (REJMECOM).

Consideraron deplorable la actitud complaciente de la magistrada Padilla, quien impuso, como medida de coerción a Gutiérrez, el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, cumplir con presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país; mientras que, contra Joan René Santana, la jueza dispuso la medida de presentación periódica ante el tribunal.

Sostuvieron que la situación es aún peor, porque además hicieron pagar una garantía económica a Gutiérrez para salir de un arresto preventivo, sin que se haya leído la sentencia, prevista para el 22 de este mes de marzo.

Advirtieron que una vez que se lea y notifique la decisión de la jueza Padilla, la apelarán, en procura de que sea corregida.

Dijeron que todo esto se originó porque Gutiérrez se hizo eco de los resultados de una auditoría realizada a la gestión de Guzmán Peralta, en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en la que supuestamente se cometió un desfalcó de unos 441 millones de pesos, con alegados procedimientos anómalos realizados a través de compras, pagos, cajas chicas y contrataciones realizadas sin agotar procedimientos internos ni soportes legales.

La denuncia que formuló Gutiérrez, basado en la auditoría realizada y ordenada por la dirección de la Policía Nacional, mediante el memorándum 8821, también involucra a los asistentes especiales del hoy jefe policial, el mayor Omar Cabrera y el capitán Rodolfo Ramírez.

Explicaron que Gutiérrez, asumiendo una gran responsabilidad, entregó una copia al presidente Luís Abinader, y depositó los resultados de la auditoría, ante el magistrado Wilson Camacho, procurador general de persecución, y a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la magistrada Mirna Ortiz.