Equipo legal afirma que la acusación se sostiene en un testimonio fabricado y en evidencias irrelevantes que no vinculan a José Ramón Peralta Fdez.

Los abogados Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Santiago Rodríguez del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, afirmaron durante la audiencia preliminar del Caso Calamar que después de más de cuatro años de investigación “no existe una sola prueba que lo incrimine”, al tiempo que desmontó punto por punto los argumentos de la acusación del Ministerio Público.

El equipo legal fue enfático al señalar que, tras el análisis exhaustivo del expediente, José Ramón Peralta Fernández no aparece en ninguna de las pruebas aportadas vinculado en ninguna de las líneas de investigación objetivas del caso (trazas financieras, auditorías o cruces de comunicaciones). Su inclusión en el proceso responde únicamente a un testimonio contradictorio, sin sustento material ni corroboración.

En ese tenor los abogados presentaron evidencia documental que expone una grave inconsistencia en las declaraciones del testigo Bolívar Ventura, pues en un interrogatorio del 27 de noviembre de 2021, Ventura afirmó haber entregado tres cheques específicos (números 9401, 9414 y 9458) a Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y a José Arturo Ureña. Sin embargo, el 9 diciembre de 2022, cambió radicalmente su versión sobre los mismos instrumentos financieros, alegando esta vez que fueron entregados a Francisco Pagán para supuestamente destinarlos a Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

La defensa argumentó que dicho testimonio carece de valor probatorio al haber sido fabricado y, más importante aún, al quedar invalidado por la propia documentación oficial presentada en el tribunal.

Otro momento crucial de la defensa fue la presentación de una Certificación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) fechada el 8 de agosto de 2023, que desmontó la alegación del Ministerio Público de que la información requerida «no existía» o «no había sido recibida», pues este documento oficial confirmó que la SIMV había remitido formalmente los resultados del requerimiento judicial a la PEPCA desde hacía más de dos años, específicamente mediante la comunicación oficial núm. 60924 del 20 de julio de 2021, la cual fue recibida por el propio órgano acusador en esa misma fecha, evidenciando así que el Ministerio Público sí tenía en su poder la documentación clave y había incurrido en la grave falta de ocultar información disponible.

Continuando con la presentación de pruebas, la defensa introdujo un informe oficial del actual Ministerio de la Vivienda, documento que concierne a la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Este informe certifica que todas las obras vinculadas al ingeniero Bolívar Ventura fueron debidamente auditadas y revisadas. El aspecto más crucial de este documento es que establece que en dichos procesos de auditoría y gestión de las obras José Ramón Peralta no tuvo ninguna participación, desvinculándolo de cualquier responsabilidad, tanto en el ámbito administrativo como en el operativo.

«Si quitamos ese testimonio contradictorio, no queda nada», alegó la defensa. Demostraron que en las líneas de investigación del propio Ministerio Público, donde se rastrean las supuestas tramas de corrupción, el nombre de Peralta no aparece. Las evidencias presentadas por la fiscalía fueron calificadas por los juristas como
«irrelevantes» e incluso favorables para el exministro, que sirven a su descargo.

Por estas razones, el equipo de defensa de José Ramón Peralta argumentó que la única opción posible es que el tribunal rechace la acusación del Ministerio Público por no haber aportado prueba alguna que lo incrimine.