Diversos analistas critican duramente al Ministerio Público, el cual utiliza una figura jurídica llamada “criterio de oportunidad”, establecida en el Código Procesal Penal, para lograr acuerdo con “desfalcadores del Estado” y estos devuelvan parte del dinero robado, sumas que suelen ser solo una mínima fracción de lo sustraído, permitiendo al encartado conservar el resto del patrimonio ilícito, tras haber pagado su “peaje de impunidad”.

Para poner in ejemplo, Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, devolvió 3 mil millones de pesos, solo el 6% de lo que se calcula sustrajo de las arcas públicas y podrá quedarse con los bolsillos llenos del dinero de un pueblo dominicano que está pasando hambre y carece de escuelas, parques y hospitales.

La lista de los que han “pagado peaje” de la impunidad la integran, además de Montilla: Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Oscar Chalas Guerrero.

“Mimilo” Jiménez devolvió 715 millones de pesos; Crisóstomo 1,100 millones; Ureña 500 millones; y Chalas Guerrero 20 millones, para un total de 2,335 millones de pesos; y sumándole los 3 mil millones devueltos por Montilla suman 5,335 millones, pero el robo total se calcula en más de 130 millones de pesos, de acuerdo con documentos del Ministerio Público. El propio Poder Ejecutivo ha anunciado como un gran logro, “con bombos y platillos”, la recuperación de parte, una mínima parte, de los recursos sustraídos.

“Ese peaje de impunidad en nada beneficial al pueblo dominicano, más bien ayuda a los ladrones a estar en la calle rápidamente, mientras el pueblo pasa hambre y carece de todos los servicios básicos”, dijo una fuente a DominicanosHoy, la cual pidió no revelar su identidad.

Esta herramienta, llamada “Criterio de oportunidad, funcionara a la perfección su gestionara la recuperación total de los recursos sustraídos de nuestras instituciones públicas, si no se conformara con lo mínimo; por eso hay una cantidad importante de funcionarios robando a dos manos, porque saben que, si negocian con el Ministerio Público, estarán rápidamente en la calle disfrutando del dinero que debía invertirse en el pueblo”.

Agregó la fuente que “permitir que alguien devuelva una parte de lo robado y se quede libre, envía el mensaje de que robar mucho no tiene consecuencias proporcionales” y se cuestiona que “las sumas devueltas suelen ser solo una fracción de lo presuntamente sustraído, permitiendo al imputado conservar el resto del patrimonio ilícito”.

La percepción pública en la República Dominicana es que la devolución parcial del dinero no es suficiente ni debe asumirse como normal, y existe un intenso debate sobre si estos acuerdos fomentan la impunidad.

La opinión generalizada entre críticos y la ciudadanía es que devolver solo una fracción de lo presuntamente robado, a menudo sin penas de cárcel proporcionales, no repara el daño total. Se argumenta que las sumas devueltas (como los RD$7,000 millones recuperados hasta principios de 2026) son solo una pequeña parte de los RD$130,000 millones bajo investigación en casos de gran escala.

La preocupación de la ciudadanía es que de que estos acuerdos envíen un mensaje equivocado: que el crimen de corrupción paga, ya que los imputados podrían quedarse con una parte significativa del patrimonio ilícito que no ha sido identificado o confiscado.

El Ministerio Público mantiene bajo investigación y procesos de negociación montos que ascienden a los RD$130,000 millones en activos identificados dentro de diversas operaciones (como Coral, Coral 5G y Calamar), los cuales podrían sumarse a la recaudación total a medida que avancen los juicios y nuevos acuerdos en 2026.

En resumen, si bien la recuperación de fondos se ve como un paso positivo, la falta de proporcionalidad entre el delito cometido, el dinero recuperado y las consecuencias penales, impide que la población asuma estos acuerdos como una solución justa o «normal».

La percepción pública en la República Dominicana es que la devolución parcial del dinero no es suficiente ni debe asumirse como normal, y existe un intenso debate sobre si estos acuerdos fomentan la impunidad.

A pesar de que el Ministerio Público presenta esto como un éxito histórico en recuperación de activos, nuestra opinión es que la suma es insuficiente comparada con el daño estructural y el monto total que las investigaciones preliminares reflejan: Exigimos que se apliquen penas de cárcel y la incautación de bienes por el valor total sustraído.

Cuántos hospitales y escuelas se construirían con RD$130 mil millones
Datos rastreados de las administraciones gubernamentales en los últimos diez años indican que, con una inversión de 130 mil millones de pesos, el gobierno dominicano podría enfocado esos recursos en una amplia y modernización de infraestructuras, como son la construcción y remozamiento de al menos 50 hospitales, 500 centros de atención primaria, y miles de aulas en más de 1,500 escuelas y estancias infantiles.

Para muestra, un botón: Datos obtenidos por DominicanosHoy reflejan una inversión sostenida de al menos 7 mil millones de pesos anuales en escuelas y centros de salud.

Analistas de DominicanosHoy indican que el costo de 53 escuelas fue de aproximadamente RD$2,760 millones, mientras que 45 hospitales implicaron una inversión de al menos RD$4,000 millones.

Datos:

• Maxy Montilla, del Caso Antipulpo: Su acuerdo de septiembre de 2025 es el mayor hasta la fecha. Aunque devolvió RD$3,031 millones (incluyendo efectivo, terrenos en Naco y pagos a la DGII), analistas señalan que el entramado que lideró manejó contratos por más de RD$20,000 millones, lo que implica que conservaría más del 85% de los beneficios generados.

• Mimilo Jiménez, del Caso Calamar: Devolvió RD$715 millones, pero el Ministerio Público determinó que entregó personalmente más de RD$3,800 millones a otros funcionarios para fines políticos. Esto significa que su devolución representa apenas una quinta parte de los fondos que ayudó a desviar.

• Óscar Chalas Guerrero, exdirector de Casinos y Juegos de Azar:  Entregó RD$20 millones (17 millones en efectivo y 3 millones en vehículos de lujo) para lograr su libertad bajo el criterio de colaboración.

El total recuperado de RD$7,000 millones es significativo, pero palidece frente a los más de RD$130,000 millones que el Ministerio Público ha identificado como sustraídos en los principales casos de corrupción (Calamar, Medusa, Coral, Antipulpo).