La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 3 de febrero el conocimiento de los recursos de apelación presentada por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud y otros seis implicados en el caso.
El tribunal, presidido por Isis Muñoz e integrado por Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, tomó la decisión luego de la imputada Ada Ledesma Ubiera se presentará sin sus abogados.
En ese sentido, el tribunal aplazó la audiencia para ese día a las 10 de la mañana, a los fines de que la imputada esté representada por su defensa.
En la audiencia el Ministerio Público, los abogados que representan al Estado y el abogado querellante Miguel Surún Hernández no se opusieron al pedido de aplazamiento.
Con el recurso presentado por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, se busca que la Corte revoque la prisión preventiva en contra de los imputados. Cabe destacar que el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso el envió de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la cárcel de Najayo Mujeres y declaró además el caso complejo.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte conocerá ese día el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
