La Operación Cobra es una investigación judicial de gran escala iniciada por el Ministerio Público de la República Dominicana en diciembre de 2025 para desmantelar una supuesta estructura de corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que defraudó al Estado con aproximadamente RD$15,921 millones.
La gente se tiró a la calle exigiendo justicia, para que pague con cárcel quien jugó con la salud del pueblo dominicano menos pudiente y lograron su objetivo, la mayoría fue enviado a la cárcel por 18 meses, como medida de coerción.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, fue arrestado y se le impusieron 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción; otros ocho exfuncionarios y colaboradores se le ha impuesto la misma pena; sin embargo, el empresario Eduardo Read Estrella, uno de los principales acusados, fue enviado a su casa con prisión domiciliaria.
El «Caso SeNaSa» es considerado como el mayor escándalo de corrupción de la historia en el sector salud de República Dominicana.
La investigación señala una presunta red de corrupción que habría desviado más de 15,900 millones de pesos mediante contratos irregulares, sobornos y facturación falsa. Otras denuncias de entidades civiles estiman la sustracción en unos 9,059 millones mediante transacciones fraudulentas, todo esto en desmedro de la salud de un pueblo.
El proceso que involucra a Santiago Hazim como una figura central señalada por imputados y bajo investigación por posibles conflictos de intereses y mala gestión, incluye a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El caso ha generado indignación pública debido a que el desfalco habría limitado el acceso de miles de afiliados a tratamientos médicos vitales y suministros de salud esenciales, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) ha intensificado las pesquisas y el presidente Luis Abinader calificó el hecho como una «traición» y garantizó que se buscará recuperar los recursos públicos.
Irregularidades señaladas
Contratos irregulares: Adjudicaciones a empresas vinculadas a funcionarios.
Mafias de facturación: Cobros por servicios no prestados o a pacientes fallecidos.
Falta de supervisión: Debilidades regulatorias por parte de la SISALRIL que permitieron esconder el fraude mediante estados financieros falseados.
