El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México por haber concedido asilo a un exprimer ministro investigado por el presunto intento de golpe de Estado de 2022 por parte del entonces presidente Pedro Castillo.
“Hoy nos enteramos con sorpresa y profundo pesar de que a la exprimera ministra Betsy Chávez, presunta coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, se le concede asilo en la residencia de la embajada mexicana en Perú”, declaró el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.
“Ante este acto hostil, y considerando las repetidas ocasiones en que los presidentes actuales y anteriores de ese país han interferido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido romper hoy relaciones diplomáticas con México”, agregó.
Castillo, un exmaestro de escuela rural y sindicalista apodado el «primer presidente pobre» de Perú, fue destituido por el Congreso en diciembre de 2022 tras su intento de disolver el Congreso después de un enfrentamiento que se prolongó durante meses.
Las relaciones entre Lima y México se deterioraron drásticamente tras la destitución de Castillo.
Perú expulsó al embajador de México después de que México concediera asilo a la esposa e hijos de Castillo.
La sucesora de Castillo, la ahora expresidenta Dina Boluarte, también llamó a consultas temporalmente al embajador de Perú en Ciudad de México, acusando al entonces presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador de injerencia en los asuntos de su país por expresar su apoyo a Castillo.
Castillo se dirigía a la embajada mexicana en Lima para solicitar asilo junto con su familia cuando fue arrestado y acusado de rebelión y abuso de autoridad.
Chávez fue acusado junto a él.
La pareja fue llevada a juicio en marzo.
Mientras que Castillo ha estado en prisión preventiva desde su juicio político, Chávez fue puesto en libertad bajo fianza.
Los fiscales habían solicitado una pena de 25 años para Chávez por su presunta participación en el plan de Castillo para disolver el Congreso.
Han solicitado una condena de 34 años para Castillo.
Castillo niega los cargos, señalando que nunca tomó las armas contra el Estado porque los militares se negaron a obedecer sus órdenes.
