En democracia, los escándalos no son accidentes: son radiografías del poder. El gobierno de Luis Abinader no puede seguir refugiándose en frases gastadas como “se investigará” o “caiga quien caiga”. La ciudadanía está harta de palabras sin consecuencias y exige acciones claras.
Salud y programas sociales
En el Seguro Nacional de Salud (Senasa), bajo Santiago Hazim, se destaparon contratos millonarios cuestionados, un “call center paralelo” y procedimientos anulados por Contrataciones Públicas. El caso terminó en la Procuraduría.
En el programa Supérate se descubrieron clonaciones de tarjetas y bonos navideños asignados a personas que nunca debieron figurar como beneficiarias, golpeando directamente a las familias más pobres.
Educación y alimentación escolar
El Inabie ha arrastrado licitaciones fallidas durante casi cinco años de gestión, afectando la alimentación de miles de niños en las escuelas públicas.
El Ministerio de Educación, primero con Roberto Fulcar y luego con Ángel Hernández, enfrentó cuestionamientos por la compra de libros digitales y equipos tecnológicos con costos desproporcionados, mientras persisten carencias básicas en las aulas.
Instituciones públicas en crisis
El Intrant, con la Operación Camaleón, involucró a Hugo Beras en la adjudicación irregular de semáforos.
La Dirección de Pasaportes ha tenido tres directores en menos de cuatro años, con ciudadanos sometidos a interminables filas y caos administrativo.
La OGTIC bajo Bartolomé Pujals también fue cuestionada; en Propeep, Neney Cabrera salió entre denuncias; la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, fue destituida por intentos de beneficiar empresas allegadas.
El fraude en la Lotería Nacional y la asignación millonaria a artistas desde el Gabinete Social que encabezaba Tony Peña Guaba completan la lista.
¿Y la Dirección de Ética?
Frente a este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué papel ha jugado la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, bajo la conducción de la ex presidenta Milagros Ortiz Bosch?
Durante años se presentó como garante de la transparencia, pero su voz se ha vuelto tenue ante la magnitud de los escándalos. Más que un ente vigilante, ha parecido un espectador que redacta códigos y manuales mientras la práctica del poder contradice esos mismos principios. Una ética que no logra trascender los discursos ni impedir la repetición de viejas prácticas.
El dilema presidencial
Cada caso expone un patrón común: debilidad en los controles, falta de transparencia y, en demasiadas ocasiones, ausencia de consecuencias reales. Aunque algunos funcionarios han sido destituidos o sometidos, en otros expedientes ha prevalecido la impunidad y el silencio.
El presidente Abinader enfrenta una disyuntiva ineludible:
Puede responder con sanciones firmes, destituciones y procesos judiciales abiertos al escrutinio público, sosteniendo así la credibilidad de su proyecto político.
O puede permitir que los escándalos se acumulen como ruido pasajero, con investigaciones que no prosperan y responsables que encuentran acomodo en otras funciones del Estado.
El desenlace
Lo que hoy se pone a prueba no es solo la reputación de ministros o directores, sino la confianza de un país que votó por un giro hacia la transparencia.
Si el gobierno opta por la omisión o la complicidad, quedará inscrito como una administración que dilapidó la esperanza. Prometió luz, pero terminó administrando sombras.
