En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, líderes del sector judicial de 21 países de América Latina y el Caribe; así como representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron este jueves la Declaración de Santo Domingo, un compromiso histórico para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región.
A través de la Declaración de Santo Domingo los líderes firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones del sector justicia a nivel nacional, subnacional y comunitario, con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva, y mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sistemas judiciales para diseñar, gestionar, e implementar políticas de justicia abierta.
Entre otros puntos, en la Declaración se comprometen a Promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten y contribuyan a la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.
También procurar recursos humanos, financieros y técnicos —internos y de cooperación internacional— para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el sector justicia.
Entre otros aspectos de la Declaración se destacan, aprovechar y desarrollar capacidades y conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil y la academia para la promoción y co-creación de iniciativas, políticas y proyectos de justicia abierta.
Asimismo, alentar la medición y difusión del progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables y evaluaciones independientes abiertas al escrutinio público, e informes periódicos en formatos abiertos.
Además, profundizar la generación de conocimiento técnico, su sistematización y difusión para respaldar y facilitar la implementación de reformas de justicia abierta basadas en evidencia e impulsar y fortalecer la participación de instituciones judiciales y organizaciones de la sociedad civil en los espacios de co-creación nacionales y subnacionales de justicia abierta en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, con procesos inclusivos y verificables.
Finalmente, los compromisos asumidos incluyen alentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad incorporando en los programas de justicia abierta enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.
“Invitamos a instituciones del sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil, academia, gobiernos, organismos internacionales, instancias de integración y cooperación judicial regional, donantes, empresas de tecnología y medios de comunicación a respaldar, impulsar y asumir compromisos concretos y sumarse a esta agenda, convencidos de que una justicia abierta, independiente, íntegra, eficaz e inclusiva, centrada en las personas, es condición esencial para el fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe ”, indica el documento suscrito por representantes de 21 países.
Para dar seguimiento a los acuerdos se constituyó un Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA) integrado de manera paritaria por poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el respaldo y acompañamiento de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).
La Declaración de Santo Domingo descansa en los principios rectores de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información; rendición de cuentas participativa y colaboración e innovación centrada en las personas.
La Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta se constituyó en un espacio clave para el diálogo, la construcción de consensos y la definición de una agenda común hacia una justicia más accesible, transparente e inclusiva. Se realizó los días 27 al 28 de agosto y tuvo a República Dominicana como país anfitrión.
