El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró este viernes que, sin la aprobación de una ley de Extinción de Dominio, los esfuerzos del Ministerio Público (MP.), en contra del crimen organizado y el Lavado de Activos, resultan inútiles e ineficientes, caso concreto de la operación Falcón, donde se han incautado bienes por más de 50 mil millones de pesos.
Potentini recordó que el lavado de activos presupone de la existencia de un crimen precedente, que genere los bienes ilícitos, objeto del blanqueo de capitales.
De acuerdo con la entidad cívica, estaríamos frente a la disyuntiva de tener procesos abierto en el país, huérfanos del delito precedente, que lo sería el narcotráfico, con una imputación objetiva difícil para el Ministerio Público, el cual hasta el momento no ha conseguido drogas en los allanamientos, más bien aparece como un colaborador de la DEA, quedándose con el problema de solo abordar el Lavado de Activos, sin un delito precedente.
Dijo que una salida o recomendación que haría al Ministerio Público, tal vez sería hacer acopio de la experiencia comparada, emulando el caso Alcapone en la década de los años 30 del pasado siglo, de perseguir el Lavado de Activos a partir de la evasión fiscal, en los casos donde aplique, entre otras acciones y estrategias.
Potentini al ser entrevistado en el tele-matutino 11, por los periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, explicó la simbología de la operación Falcón, donde el MP en su medida de coerción compara al grupo como una organización mafiosa, similar a la mafia siciliana (Cosa Nostra Italiana), rememora lo que parecería ser al juez antimafia Giovanni Falcone, quien logró más de 500 condenados, con penas que en conjunto superaban los 2,500 años de cárcel, un verdadero icono de la lucha en contra del crimen organizado.
Finalmente, Potentini al referirse a otros temas, anuncio para la semana próxima la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por ante el tribunal constitucional, en contra del decreto del ejecutivo que crea el denominado fideicomiso público para la administración de Punta Catalina por un periodo de 30 años, en manos de 5 personas físicas.
