¿Podría creerse en una posición imparcial de la OEA en la República Dominicana?

La sociedad dominicana no deja de preguntarse, en medio de la crisis política que atraviesa el país por la suspensión de los comicios municipales del pasado 16 de febrero,  y en espera de los resultados de las investigaciones que aclaren las causas reales de su interrupción, por qué la Junta Central Electoral y el Gobierno dominicano han aceptado las intromisiones de foráneos como la Organización de Estados Americanos en el tema. Es que se trata de esa misma OEA que permitió la intervención militar de abril, en 1965, que no solo constituyó  la violación de la soberanía dominicana, sino el asesinato de muchos de sus hijos e hijas.

Pedir perdón muchos años después, en una declaración de desagravio aprobada por los 34 miembros en Asamblea General del Cuadragésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), no significó, como expresaron voces dignas de esta nación, que resucitaran a sus muertos, ni poder retroceder a un período que costó caro al orden constitucional en la República Dominicana. “Es una herida aún abierta para muchos”, publicaron medios de prensa aquel 15 de junio de 2016.

No vale la pena sumergirse en los polémicos conceptos de una historia cíclica o lineal. Los períodos marcan realidades que por sí mismos explican lo que sucede en este mundo que habitamos, y no hay herramienta más convincente para entender el presente, que estudiar el pasado, aun cuando este se convierte de una vez en el futuro mismo.

El hecho es que existen organizaciones intergubernamentales que aparentemente constituyen foros de discusión, que debían servir para solucionar problemas de Estados, mediar en sus conflictos y, no precisamente intensificarlos, y mucho menos manipular, intervenir y marcar lineamientos y pasos a seguir. La Organización de los Estados Americanos (OEA), desde su creación en 1948, convence a cualquier observador de que el gobierno de los Estados Unidos ha estado y está a su cabeza, como lo revela la historia en sus páginas.

 No es pura coincidencia que su presupuesto operativo en 2019 ascendiera a $81 millones, no destinados precisamente a respaldar los grandes problemas del hambre, la desnutrición y las penurias que azotan a los pueblos de la América nuestra, en los que se observa, como señala el artículo titulado “Cómo revivió la OEA la Guerra Fría en las Américas”, publicado el pasado 3 de marzo en Americas Program, que: “Un análisis en profundidad de las acciones de la Organización de los Estados Americanos revela un sesgo político inquietante, la voluntad de manipular eventos y datos con fines políticos, y un patrón de doble rasero bajo el liderazgo del Secretario General Luis Almagro. Al favorecer a los gobiernos y fuerzas de derecha, mientras ataca o intenta eliminar a la izquierda en el poder, Almagro ha marcado un curso que ha erosionado la legitimidad de la organización regional en dos áreas críticas de las operaciones de la OEA: observación de elecciones y monitoreo de derechos humanos”.

¿Dónde están los compromisos de la OEA?

El fortalecimiento de los bloques regionales parece estar asediado por virus más fuertes que el coronavirus, en medio de maniobras y procesos que tienen lugar a la vista de todos. El rostro de la OEA, identificado  en el excanciller uruguayo, Luis Almagro desde 2015, aparece una y otra vez, en una alineación inequívoca con las políticas del gobierno de los Estados Unidos, no solo frente a las sanciones impuestas a Cuba y Venezuela, sino en esa posición errónea de participar directamente en acciones violentas, impedir los diálogos, y tolerar la intervención militar, como es el caso de la nación venezolana.

La pregunta sigue siendo si fue creada la OEA con estos propósitos (ver Carta de la Organización de Estados Americanos), o para esgrimir estrategias que impidan crisis humanitarias, servir como mediador en crisis políticas, respetar la autodeterminación de los pueblos, la democracia, el compromiso con la resolución pacífica de conflictos y el objetivo de una acción unificada para beneficiar a las poblaciones de los 35 estados miembros.

El señor Almagro busca un segundo mandato de 5 años como Secretario General y son muchas las críticas dirigidas a las Misiones de Observación Electoral de la OEA, compuestas en su mayoría por expolíticos y expertos electorales, en cuya imagen debe primar la imparcialidad. Los últimos informes diagnostican que lejos de conseguir elecciones pacíficas y transparentes, estas han resultado conflictivas durante y posteriormente. Es el caso de las presidenciales  de Honduras, de noviembre de 2017; Bolivia, octubre de 2019; e imposible dejar de mencionar las  municipales de República Dominicana, el pasado 16 febrero.

En todos los casos, las acusaciones por la errática  supervisión de la OEA y su manipulación, determinó protestas violentas y violaciones de los derechos humanos. Específicamente en Bolivia, cuando voces nacionales e internacionales protestaron contra el golpe de estado, en su informe de la OEA, Almagro dijo: «Sí, hubo un golpe de estado en Bolivia el 20 de octubre, cuando Evo Morales cometió fraude electoral», palabras que levantaron aún mayor irritación, al no estar basadas en fundamento alguno y no reflejar el tono que debe tener la Misión de dicho organismo.

Aún subyace en la comunidad internacional la necesidad de respuestas certeras sobre lo acontecido en Bolivia. Fueron muchos los manifestantes asesinados, de quienes Almagro no habla, ni tampoco menciona la ilegitimidad de un gobierno interino actual, encabezado por una integrante menor del parlamento, Jeanine Añez. Su informe choca con la interpretación de la prensa y gobiernos  del mundo. La OEA resume todo en: «manipulación intencional para favorecer la reelección de Morales”, y continúa sin entregar pruebas concretas al respecto, a la vez que su oficina de prensa no ha respondido a numerosas consultas sobre la omisión de los datos de la misión boliviana.

Precisamente, ante la existencia de documentos que aseguran que la OEA obedeció al gobierno de los Estados Unidos al precipitar el golpe boliviano, Los Angeles Times publicó: “Carlos Trujillo, el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, había dirigido al equipo de monitoreo de elecciones del grupo para denunciar un fraude generalizado y presionó a la administración Trump para apoyar el derrocamiento de Morales. (El Departamento de Estado negó que Trujillo ejerciera una influencia indebida en el informe y dijo que respeta la autonomía de la OEA. Trujillo, a través de un portavoz, rechazó una solicitud de entrevista)”.

Con las elecciones de Honduras ocurrió otro tanto, en los cuales la OEA presentó su cara horrible, y no se trata solo la del señor Almagro, sino de un cúmulo de imposiciones, como esta de la posible reelección de Juan Orlando Hernández (JOH), pese a su prohibición por un fallo judicial. En este caso,  tras conocer los beneplácitos de la administración Trump, la OEA respaldó y aceptó dicho gobierno y otra vez la crisis política cobró vidas y mantiene a la población hondureña en un una reversión en el estado de derecho.

¿Podrían ser imparciales y transparentes las posturas de la OEA en la República Dominicana?

La suspensión de los comicios municipales del pasado 16 de febrero, ante la inconsulta decisión (para el pueblo) de la JCE, de anular las elecciones abrió, más que una protesta, una desembocadura de ríos bravíos de pasión, donde no solo los más jóvenes se indignaron y proclamaron la necesidad de lograr cambios tangibles en el país. La  Plaza de la Bandera fue escenario de ecos: un “trabucazo”, como le han denominado al acto que la historia se encargará de guardar dentro de las tantas memorias que guarda la nación.

Se conoce que la OEA presionó al gobierno para que cambiara del papel a un sistema de votación automatizado, que falló, y mientras la Misión de Observación Electoral de la OEA ha dicho que estudia las causas del fracaso,  continúan las multitudinarias concentraciones y los toques de cucharas y bocinazos de familias que exigen transparencia en las elecciones, convocadas ahora para el próximo 15 de marzo, en espera de respuestas puntuales sobre lo que pasó con esta suspensión que costó a la nación $ 80 millones de dólares entre el equipo y las abortadas votaciones.

Esta vez la Misión de la OEA solo ha afirmado en la voz de su Secretario General que «hasta la fecha no hay evidencia que indique un mal uso deliberado de los instrumentos electrónicos diseñados para la votación automatizada».

Desde los propios Estados Unidos, frente a la sede de la OEA, en Nueva York, inmigrantes dominicanos no solo se manifestaron contra el «desastre electoral», sino que exigieron a la OEA respetar la votación. Otra vez la sociedad dominicana se pregunta qué pintan ahora aquí y por qué la Junta Electoral y el Gobierno han decidido que en todo este proceso de reprogramación y exclusión del sistema automatizado permanezca la misión.

No existen dudas acerca de la importancia de República Dominicana en la región, y como se ha planteado, el interés geopolítico de Donald Trump en el país. El artículo antes mencionado, publicado en Americas Program, expone que según un informe encubierto de diciembre de 2018 de Global Witness, “un organismo de control anticorrupción reveló que la Organización Trump está haciendo planes para un nuevo desarrollo multimillonario en la isla que parece haberse beneficiado de varias decisiones del gobierno dominicano sobre impuestos y zonificación después de la reciente visitas de Eric Trump. El grupo pidió una investigación del Congreso sobre un posible conflicto de intereses, lo que podría generar más sospechas sobre la debacle electoral y las acciones de Estados Unidos y la OEA”.

Voces como de la canciller de Dominica, Francine Baron, se han alzado para denunciar: “Estamos preocupados por los pronunciamientos públicos realizados por el Secretario General, que muestran parcialidad, desprecio por los gobiernos de los estados miembros y ponen en tela de juicio su papel y el papel de la organización como agente honesto», dijo.

Desde el liderazgo de la Comunidad del Caribe o CARICOM, algunos países han condenado el apoyo de Almagro a los intentos del gobierno estadounidense por derrocar a Maduro, y han demandado, tras el   reconocimiento público de Almagro a Juan Guaidó, en enero de 2019, que este “no habló en nombre de todos los estados miembros de la OEA».

Opiniones divididas pese a todo…

La oposición a la candidatura de reelección de Almagro es evidente, como también lo es la posición de la administración Trump en su defensa. En enero de 2020, el Secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo visitó la región para reunirse con un grupo de seleccionados líderes, a fin de discutir la cooperación y obtener apoyo para la política contra Venezuela y la candidatura de reelección del Secretario General.

De un lado y otro las opiniones se dividen. Gobiernos de derecha aliados con los Estados Unidos proponen la continuidad de Almagro; en el caso de Colombia, el presidente Iván Duque dijo que su gobierno estaba convencido de que su reelección era indispensable “para continuar avanzando en la agenda regional de la democracia”. Sin embargo, el entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, respondió que tenía diferencias importantes en la evaluación de las acciones del Secretario General, y que los estados miembros de la OEA deberían tener la oportunidad de proponer otros candidatos.

De todos modos, para  Iván Duque las cosas se han teñido color de hormigas, al ordenar la Fiscalía de Colombia que se lleve a cabo una investigación sobre el supuesto fraude electoral que se cometió durante la campaña de los comicios generales de 2018, que lo llevaron a la presidencia.

Las declaraciones de la excongresista del Partido Conservador, Aída Merlano, presa en Venezuela tras huir de la Justicia colombiana por ser acusada de fraude electoral, han agudizado el contexto al declarar ante las autoridades de Caracas, durante una vista preliminar del juicio al que se enfrenta por falsificación de documentos, usurpación de identidad y entrada ilegal al país: “El presidente sabía de la compra de votos para ganar en la zona Caribe… Tengo pruebas, vídeos, audios, pruebas escritas, contratos y licitaciones amañadas. Todos caerían con las pruebas que yo tengo», aseguró.

Otro de los países involucrados en un posible apoyo a la agenda de Estados Unidos y Almagro es Haití; pero la convulsa realidad existente en ese territorio, ha impedido llevar a cabo elecciones que logren restaurar la democracia, y las protestas de la población denuncian las acciones despóticas del presidente Jovenel Moise, ante cuya postura Almagro publicó un tuit condenando la violencia, pero al mismo tiempo respaldando a Moise: «… la violencia es inaceptable en cualquier forma, pero especialmente es inaceptable con la intención de un cambio violento en el régimen democrático establecido «.

 ¿Régimen democrático? La Oficina Integrada de las Naciones Unidas hizo saber que  4,6 millones de haitianos requieren asistencia humanitaria inmediata, y la ONU publicó una declaración de la organización sin fines de lucro Fondasyon Je Klere sobre la violencia del gobierno: «Hemos sido testigos de asesinatos odiosos, decapitaciones, violaciones, robos, malversación de fondos y el desvío de suministros, secuestros y secuestros… Tenemos escuadrones de la muerte, y esa es una forma de terrorismo de estado”.

Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda ante la OEA, calificó de «silencio ensordecedor» la actitud de Almagro sobre la crisis en Haití, y expuso en un artículo de opinión, el 2 de marzo: «De manera decepcionante, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien no ha necesitado instar a condenar a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos, no ha considerado apropiado llamar la atención sobre la problemática situación en Haití el Consejo Permanente de la OEA «.

El Caribe se halla dividido. La necesidad de un nuevo liderazgo se abre paso en una OEA que a todas luces no toma decisiones pertinentes, con una agenda que dista de los verdaderos objetivos para los que fue creada en un hemisferio donde se exigen cambios políticos, sociales y económicos y una actitud consecuente con los cambios climáticos,  actividades ilícitas de organizaciones criminales transnacionales, la migración y los derechos de los refugiados; entre tantas otras catástrofes que tienen lugar en estos días.

Importantes medios de prensa señalan  el resurgimiento de una mentalidad de la Guerra Fría en la OEA, denominada “fachada que oculta las decisiones unilaterales de Estados Unidos respecto al manejo adecuado de la política continental”. Catalogar a su Secretario General como “un funcionario útil y dócil frente a los dictámenes del Pentágono”, aleja la posibilidad de un posible alargamiento por otros cinco años.

Quizás algún día la Organización de Estados Americanos demuestre que fue creada para cumplir con una carta que prioriza la solución de los problemas que sufre la región y su apoyo a construir un futuro seguro, sin aprobaciones de intervenciones militares que dejen muertes y situaciones por las cuales haya que pedir perdón décadas después, como sucedió con la República Dominicana. Mejor pensar en un urgente cambio de liderazgo. Resulta inevitable.

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