Asunción.- Los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Paraguay tienden hoy a incrementarse, después que el Senado aprobara modificaciones al plan de gastos de 2017 para disgusto del Gobierno.
Son dos los aspectos que provocan esos roces y pueden conducir a un veto presidencial del Presupuesto General de la Nación (PGN), de aceptarse en el Congreso con los cambios.
Ellos son aumentos salariales en varios sectores, fundamentalmente en salud y educación, y la restricción en la emisión de bonos soberanos.
Después de tener media sanción de la Cámara de Diputados, donde se generaron esas modificaciones, la de senadores analizó ayer el proyecto de PGN en sesión extraordinaria, o más bien el dictamen de su Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Esos parlamentarios dieron el visto bueno a los incrementos en sueldos en instituciones como los ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública y Bienestar Social.
En sus especificaciones, las alzas serían de 15 por ciento para docentes del nivel básico (maestros de aula) y 10 por ciento para el medio (quienes cobran por horas cátedras).
Para la rama de salud, el aumento sería de 18 por ciento a médicos y 12 por ciento para todos los de blanco, que incluyen enfermeras y odontólogos, en tanto quedaron fuera los galenos del Instituto de Previsión Social.
Respecto a los bonos del Tesoro, la decisión senatorial fue recortar su emisión hasta el equivalente a 349 millones de dólares, frente a los 600 millones pedidos por el Ejecutivo y aprobado por los diputados.
Tras un debate sobre este asunto y el endeudamiento del Estado, prevaleció la versión de fijar de ahora en adelante un tope anual de 300 millones de dólares en la colocación de esos papeles.
Además, se impuso dictar la condición de que el dinero obtenido con la emisión de los bonos se use solo para obras de infraestructura en el PGN del año venidero.
El plan original desglosaba el destino de esa cifra para financiar obras viales, aportes de capital de organismos multilaterales y repagar deuda que vence el próximo año, para esto último el 60 por ciento del total.
Esa previa decisión parlamentaria llevó antes al ministro de Hacienda, Santiago Peña, a afirmar que se trata de una maniobra política para tratar de perjudicar al presidente Horacio Cartes, pero con un alto costo para la ciudadanía.
Y el propio mandatario arremetió el lunes contra el Legislativo al decir que Paraguay es el único país donde ese utiliza el presupuesto con fines de chantaje contra los demás poderes del Estado.
Entonces está latente la probabilidad del veto presidencial de concretarse los incrementos al PGN, una herramienta constitucional nunca utilizada en el país hasta la fecha.
De ser aplicada, según el titular de Hacienda, impactará en los programas emblemáticos del Gobierno, pues implicaría que deberá ejecutarse el mismo Presupuesto vigente en este ejercicio fiscal.
Sin embargo, aún falta un tiempo para llegar a ello pues ahora lo decidido por el Senado volverá a la Cámara baja, en lo que se antoja como la historia de nunca acabar.
