Una comisión del Ministerio Público (MP), integrada por el director nacional de Persecución de este organismo, Juan Amado Cedano; el abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano; y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, busca determinar la legalidad de los documentos que aluden las partes intervinientes en los terrenos del vertedero de Duquesa y cómo la empresa Lajún Corporation tomó posesión de las 1,392 tareas que ocupa en esa instalación.
La Procuraduría General de la República informó que las pesquisas permitirán al organismo rector de la persecución penal, comprobar en forma preliminar, si en las operaciones de cualquier tipo, realizadas con dicha propiedad existe algún vestigio de actuación dolosa.
También, con las indagatoria persiguen determinar si las transacciones efectuadas con esos terrenos provienen desde hace décadas, por lo que como parte de esas tareas se recaban, evalúan y verifican, con el debido cuidado, las documentaciones e informaciones que las soportan, obtenidas mediante requerimientos a varias instituciones y personas.
La comisión de notables a cargo de las diligencias inició sus labores a finales de diciembre pasado por encomienda del procurador general, Jean Alain Rodríguez, y deberán presentar en los próximos días un informe al con sus conclusiones y recomendaciones sobre si procede o no iniciar acciones punitivas.
Mientras por su parte, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), propietario de los terrenos, también realiza una investigación para determinar si estos fueron vendidos a la empresa Lajún Corporatión como alega.
En las pesquisas realizadas por el CEA, y según informó su director Pedro César Mota Pacheco, no han encontrado ningún documento que acredite que fueron vendido a Lajun.
