La defensa de un dominicano que actuó como asesor legal de diez misioneros estadounidenses investigados por tratar de sacar ilegalmente a 33 niños de Haití tras el sismo de enero, elevó hoy un recurso contra una orden de extradición para que éste enfrente en EE.UU. acusaciones de tráfico de personas.
El extraditable es Jorge Torres Puello, quien figura en la "línea roja" de la Policía Internacional (Interpol), según fuente locales.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana autorizó el pasado 18 de agosto la extradición de hombre, quien enfrenta una acusación en el estado de Vermont por supuestamente ingresar a 25 centroamericanos indocumentados a EE.UU. desde Canadá en 2002.
El abogado de Torres Puello, Samuel Genao, dijo a Efe que elevó un recurso de inconstitucionalidad a la sentencia del supremo argumentado que su defendido fue absuelto por un tribunal canadiense por la acusación de tráfico de personas.
Según el letrado, la decidió de la SCJ de autorizar la extradición del dominicano, quien también posee la nacionalidad estadounidense, es "ilegal" e "irregular".
"Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso, eso es un precepto universal", subrayó Genao, quien acudió hoy junto a la madre de su defendido, Soledad Puello, a la sede del tribunal supremo para protestar contra la extradición del acusado, pendiente de la firma de Ejecutivo.
El abogado aseguró que agotará "todos" los recursos necesarios para impedir la extradición del dominicano a Estados Unidos, al tiempo que señaló que su defendido, quien está "indignado" por la sentencia, confía en que: "lograremos el objetivo".
Torres Puello fue apresado el 18 de marzo por miembros del Departamento de Investigaciones Especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el estacionamiento de una hamburguesería de la capital dominicana.
El acusado se escondía en República Dominicana después de que se descubriera que utilizaba el país como puente para llevar niños haitianos a Estados Unidos tras el terremoto de 7 grados Richter del pasado 12 de enero que devastó a Puerto Príncipe, la capital.
El dominicano también estaba prófugo de la justicia de El Salvador y Costa Rica, si bien el arresto obedeció a una petición de EE.UU., cuyas autoridades quieren juzgarlo como supuesto cabecilla de una red que introducía indocumentados en ese país procedentes de Centroamérica y el Caribe, entre ellos menores haitianos, según las autoridades locales.
Su caso adquirió notoriedad tras el arresto, a finales de enero, de diez estadounidenses pertenecientes a la organización Refugio de Niños Nueva Vida, de Idaho (EE.UU).
Los misioneros, a quienes el ahora detenido prestó supuestamente asesoramiento legal, fueron apresados cuando trataban de entrar en territorio dominicano en un autobús con 33 niños, a los que al parecer pretendían ofrecer una vida mejor lejos del caos reinante en Haití tras el movimiento telúrico.
Posteriormente, los diez misioneros fueron puestos en libertad y abandonaron territorio haitiano. Su esposa, Ana Josefa Ramírez Orellana, está encarcelada en ese país por los mismos cargos.
Según las autoridades estadounidenses, que ordenaron el arresto de Torres Puello en abril de 2003, así como las de El Salvador y Costa Rica, el inculpado "es parte importante de una red de traficantes de indocumentados, especialmente mujeres y niños procedentes de Centroamérica y el Caribe".
El imputado, quien se hace llamar también Jorge Torres Orellana y George Simard, es reclamado igualmente por el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, en El Salvador, donde se le acusa de explotación sexual de menores y de mujeres.
