El gobierno rechazó este miércoles la modificación a la ley 112-00 sobre hidrocarburos tras argumentar que el gobierno dejaría de percibir más de seis mil millones de pesos.
El Poder Ejecutivo, tal como aplica la legislación, recibe anual 43 mil millones de pesos y de modificarse como lo plantean algunos sectores, reduciría de ese monto unos 6 mil millones al año, lo quedarían 37 mil millones.
El planteamiento fue hecho por Rafael López, director de Hidrocarburos del Ministerio de Industria y Comercio, durante su participación en la Vista Pública realizada por la Cámara de Diputados, del citado proyecto que busca modificar la normativa.
Explicó que también que el impuesto del ad-valorem que establece ley 495- 06, no es más que un 16% del precio de paridad a medida que los productos derivados del petróleo van encareciéndose.
Expuso que establecer los topes a los impuesto que establece la ley 112-00 de hidrocarburo, sería algo anti práctico, primero porque el impuesto de la ley 112-00, establece que debe ser indexado cada tres meses, y cuando el legislador la elaboró lo que buscaba era que el valor de los impuestos no quedaran desfasado con el tiempo y que el dinero se fuera desvalorando por la inflación.
Refirió que si se modifica la ley se afectaría los ingresos por concepto de los impuestos y la ejecución del Presupuesto actual que se preparó sobre base de ingresos en función de los impuestos establecidos.
Por su lado, La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), al presentar modificaciones a la ley 112-00, pidió eliminar la aplicación automática del artículo 2 sobre la indexación trimestral de impuesto a los carburantes.
Rafael Polanco López, presidente Anadegas, y el asesor Juan Ignacio Espaillat, entregaron su planteamiento a la comisión sugiere que se establezcan los precios de ventas al público según el precio de compra contenida en la factura de embarque y no tomar como referencia bolsas de valores.
Propone la creación de infraestructura necesaria para aumentar la capacidad de almacenamiento a 30 días mínimo, eliminar la asignación de exenciones fiscales de los combustibles, para que la Dirección General de Impuestos Internos apruebe la devolución del pago en efectivo a quienes se considera necesario subsidiar, y que no se subsidie combustible.
Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transporte Unificados (CNTU), pidió a los congresistas modificar la ley de hidrocarburos para que los precios sean revisados mensual y no semanal como en la actualidad, porque el país compra combustible trimestral o cada seis meses.
También pidió que el gobierno reduzca sus ganancias a través de los impuestos fijos que son muy altos, y puntualizó pidiendo que se cree un fondo de compensación o de contingencia para que el gobierno no tenga que traspasar los incrementos de manera brusca a la población.
Juan Hubieres, de la Federación nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), favoreció la modificación a la ley 112-00, porque dice ante los altos impuestos aplicado a los combustibles en el país, hace que los carburantes se expendan más caro que en otras naciones que no producen petróleo.
