El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), considero este jueves que el caso que se le sigue a varios imputados involucrados en la red de narcotráfico y lavado de activos del boricua Figueroa Agosto pone al desnudo las debilidades del Código Procesal Penal Dominicano.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, reconoció la facultad que tiene el Ministerio Público, en virtud del artículo 363 del Código Procesal Penal, de concertar acuerdo y negociaciones con imputados a cambio de la rebaja de sus penas.
Indico que ese recurso le permite al Ministerio Público obtener informaciones y testimonios vitales para hacer más efectiva la acusación y sobre todo con el objetivo de incorporar y apresar otros implicados en el delito a perseguir.
El jurista calificó las negociaciones entre la Fiscalía del Distrito Nacional y las imputadas, Nin Batista y Sobeida Feliz Morel, como normales al tenor de las disposiciones del Código Procesal Penal, garantizando al Ministerio Público la posibilidad de llegar hasta los autores intelectuales y cabezas principales de la red Figueroa Agosto, hasta el momento sumidos en el anonimato.
Dijo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de trasparentar los acuerdos arribados y sacrificar las vacas sagradas involucradas en la comisión del delito de referencia.
La FJT Reiteró que el caso Figueroa Agosto pone al desnudo varias de las debilidades del código procesal penal y de la justicia dominicana, que no han dado repuesta eficiente al sonado proceso de narcotráfico y lavado de activos, imponiéndose una necesaria reflexión que nos lleva como sociedad a considerar la inminente revisión y modificación de nuestra normativa procesal penal.
Sin embargo, La FJT entiende, que un tema a contemplar ante la eventualidad de modificar el código, lo sería el establecimiento de un sistema de protección de victimas, testigos y colaboradores, como existe en otras naciones, garantizando la integridad física y seguridad de quienes participan de acuerdos con el Ministerio Público.
