La audiencia del Tribunal Constitucional, que analizará el recurso contra el recorte de fondos aprobados en el Presupuesto General del Estado para la Educación en República Dominicana, fue fijada para el próximo 18 de junio.
La demanda fue presentada por Juana Dinorah de la Cruz, quien actúa en nombre y representación de su hija Lilibeth Dinorky Morin, así como Yinerkis Polanco González, en nombre de su hija Castri Esther Cruz, ambas estudiantes de una escuela pública deteriorada por falta de fondos del Ministerio de Educación y que temporalmente funciona en un local alquilado.
Ante el Tribunal Constitucional, las demandantes serán representadas por los abogados Reemberto Pichardo, Alejandro Alberto Paulino y Hermes Guerrero, integrantes del movimiento cívico Ciudadanos contra la Corrupción.
Según los juristas, la demanda por inconstitucionalidad se presenta contra el artículo 56 de la Ley de Presupuesto, que establece la derogación transitoria del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto al Ministerio de Educación durante el 2012.
El cuatro por ciento del PIB para la Educación está establecido desde hace 15 años por el artículo 197 de la Ley No.66-97 sobre Educación y ratificado por diversos artículos de la Constitución de la República, aunque hasta la fecha no se ha cumplido en los presupuestos aprobados.
Sin embargo, el artículo en cuestión por primera vez deroga transitoriamente esta normativa en el presupuesto de 2012, de ahí que se considere anticonstitucional.
La audiencia será conocida en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (local prestado al Tribunal Constitucional), ubicado en el edificio de la Suprema Corte de Justicia.
