En 2012, el sector educativo dominicano logró por primera vez ser incluido en los programas de gobiernos de los candidatos presidenciales, a quienes la sociedad comprometió a otorgar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual fue concretizado al consignarle en el proyecto de Presupuesto General de la Nación un monto de RD$99,600 millones.
La partida asignada al Ministerio de Educación , equivalente al 4% PIB creó un precedente en la República Dominicana, debido a que los aspirantes a la presidencia presentaron una propuesta detallada sobre cómo mejorar la educación y firmaron un pacto social con el pueblo.
Esta medida fue llevada a cabo por unas 203 organizaciones civiles, agrupadas en el movimiento Coalición Digna, quien se encargó de mantener vigente durante 2012 el tema de la educación, pese a ser un año electoral.
El objetivo de la lucha que durante dos años realizó la población, finalmente obtuvo su resultado, por lo que este año es calificado de triunfo y apertura para un mejor futuro, destinado a mejorar la educación del país
Dentro de los proyectos que serán implementados con los fondos del 4% está la construcción de 10 mil nuevas aulas, de un total de 29 mil, dispuestas mediante decreto No.625-12, por el presidente Danilo Medina, en el Programa Nacional de Edificaciones, con una inversión de 14,700 millones de pesos.
Las 372 escuelas que se edificarán en esta primera etapa deberán estar habilitadas y equipadas antes de iniciar el año escolar 2013-2014, para recibir a los 190 mil niños y niñas que acudirán a recibir docencia.
Sin embargo, para la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, esta lucha no termina con la aprobación de los recursos, sino que ahora se enfrentan a un desafío mayor, el cual consiste en mantener un proceso de vigilancia y control para garantizar que cada centavo se utilice de manera transparente.
La educadora sostiene que los mismos que libraron la batalla por mayores recursos para mejorar la educación, deben convertirse en centinelas, a fin de que si alguien trata de apropiarse o hacer uso indebido de ese dinero, obligue a los tribunales a conocerles un juicio y aplicarles las sanciones que correspondan.
Cabrera entiende que para lograr un impacto en el sistema educativo, mejorar la calidad y satisfacer las necesidades escolares, se requiere que las organizaciones que firmaron el acuerdo compromiso con los candidatos presidenciales trabajen en la búsqueda de mecanismos que garanticen la vigilancia y monitoreo del manejo de los fondos económicos y los programas que serán financiados.
“La corrupción es un flagelo que ha causado terribles daños al desarrollo, ya que miles de millones de pesos, que pudieron ser invertidos en salud, educación, viviendas y agua potable, se han escapado por esta vía, provocando daños a la democracia y creando desconfianza en las instituciones públicas”, afirma la pedagoga.
De igual opinión es el padre Mario Serrano, director del Centro Bonó, quien considera que es necesario mantener un control total de todo lo concerniente a los fondos del 4%, por lo que varias instituciones que conforman el movimiento Coalición Digna, solicitaron al Poder Ejecutivo el presupuesto detallado para conocer cada obra y el dinero invertido.
“Esta postura ha sido tomada porque una de las dinámicas de la corrupción está asociada a la sobrevaluación de la obra y la construcción de edificaciones viciadas”, argumenta el activista social.
Retos y expectativas
La también representante de Coalición Digna, María Teresa Cabrera, destaca que otro reto de la sociedad dominicana es velar por la ejecución del 100% del presupuesto asignado a la Educación, para que no se desvíe el objetivo de elevar los estándares formativos.
Asimismo, asumir la posibilidad de que los niños pobres de 3 y 4 años accedan a la educación inicial y dignificar el oficio de los maestros.
De igual forma, la inclusión del 11% de los niños de 6 a 13 años que están fuera del sistema educativo y del 50% de la población entre 14 y 18 que deberían cursar la secundaria.
Además, impedir que los funcionarios, especialmente de Educación devenguen salarios escandalosos o se aumenten el sueldo de manera irrisoria, en momento en que la crisis económica afecta a todos los sectores de la sociedad.
Se recuerda que esta situación se dio con la Ministra de Educación Josefina Pimentel, quien mientras el pueblo luchaba fervientemente por la asignación del 4% del PIB, recibía un aumento de RD$185,000 a RD$300,000, lo que fue visto como una burla cruel de los gestores de esa acción.
En ese tenor, el padre Mario Serrano explica que tal actitud envía un mensaje a la población de que el erario público se utiliza para el derroche de los funcionarios, relegando a un último plano la inversión social.
“Ante ese escenario, la solución es organizarnos para demandar responsabilidad fiscal a quienes administran diferentes áreas del Estado, como forma de erradicar la corrupción y despilfarro de los bienes”, reflexiona el director del Centro Bonó.
Pese a esa situación, ambos activistas sociales vislumbran el 2013 como un año promisorio para la educación en la República Dominicana y entre sus expectativas están: acabar con la sobrepoblación escolar, edificando aulas confortables y con un ambiente favorable para el aprendizaje.
Reducir la tasa de analfabetismo y llevar a cabo la educación que se concibió en la reforma curricular del primer Plan Decenal (1992-2002), lo cual es imprescindible para contar con una escuela situada y viva que incorpore en los procesos de enseñanza la realidad socioeconómica en la que están inmersos alumnos y alumnas.
Igualmente, proveer de materiales y recursos didácticos que apoyen la gestión pedagógica, orientada a crear un currículum docente efectivo, donde el maestro y los alumnos tengan iguales niveles de participación, lo que se denomina como la escuela viva.
“Para alcanzar esas expectativas es necesario subsanar toda las carencias que nuestro sistema educativo tiene acumuladas y que están asociadas a que la educación ha sido siempre tratada como la gran cenicienta del Estado, percepción que puede cambiar con una creciente asignación”, plantea la maestra.
Todo indica que el año 2012 es el triunfo de la lucha amarrilla y el inicio de una nueva esperanza para borrar la mala imagen creada, a nivel internacional, por las deficiencias encontradas en estudiantes dominicanos al momento de participar en pruebas académicas, con el propósito de obtener becas o algún grado.




