El servicio de salud pública dominicano se podría decir que solo existe en las leyes General de Salud  y la que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, 42-01 y  87-01, respectivamente: muy buenas y revolucionarias, que de implementarse como sugieren se tendría un verdadero régimen sanitario.
 
Pero esa no es la realidad, porque lo que se evidencia en los hospitales cuando los enfermos van en busca de asistencia, es que  tienen que solicitarla como si fuera una dádiva, y no lo exigen como un derecho establecido en la Constitución, en sus artículos 60 y 61, que la establecen como un derecho humano, inalienable del individuo,  que el Gobierno debe dotar. Sin embargo, la gente tiene que ir a los hospitales a implorar, como si la salud fuera un regalo.
 
La realidad es que los centros hospitalarios dominicanos no están en las mejores condiciones para atender a los enfermos. Lamentablemente, la mayoría de ellos no cuentan con ambulancias, ni medicamentos y carecen de todos los insumos necesarios para prestar los servicios requeridos.
 
“Hemos hecho muchas denuncias de las condiciones en que están los centros hospitalarios y todavía estamos esperando las respuestas”, confesó la presidenta del Colegio Médico Dominicano (CMD), Amarilis Herrera, al ser cuestionada sobre esta situación.
 
Mientras los hospitales carecen de lo necesario para ofrecer atención de calidad, los gobiernos se han empeñado en priorizar las construcciones de grandes  establecimientos, muchos de los cuales son inaugurados sin equipar y sin el personal médico requerido.
 
Es decir, que están gastando sumas millonarias y no lo ponen en funcionamiento, como ha pasado con el Oncológico de la UASD, Monte Plata, y el de Baitoa en Santiago. Igualmente, en la Ciudad de la Salud, en Villa Mella, donde también están los centros asistenciales Materno Infantil y el Pediátrico, para los cuales reclutan el personal, pero todavía no han empezado a funcionar.
 
Esto ocurre al tiempo que los tradicionales Moscoso Puello, Luis Eduardo Aybar, Maternidad San Lorenzo de Los Mina, el Darío Contreras, Robert Read Cabral y  Maternidad La Altagracia de la capital  y la provincia Santo Domingo, se mantienen con todas las deficiencias habidas y por haber.
 
El presupuesto de estos hospitales es muy bajo, apenas  5 o 6 millones de pesos, mientras los llamados autogestionarios, en los cuales los pacientes tienen que pagar todo, les subvencionan 40 y 50 millones de pesos, diez veces más que lo entregado a los dispensarios  donde van los pobres.
 
Entre tanto, el nuevo Presidente de la República, Danilo Medina, no ha enviado una señal positiva priorizando el sector salud, ya que habló de hacer un plan sanitario a los 15 días de Gobierno y todavía se está esperando, lo que hace contraste con la ocurrencia de enfermedades infectocontagiosas, como dengue, tuberculosis, malaria, leptospirosis y cólera, padecimientos que se han observado todo el año y que se suponía no debían estar presentes y sin embargo, se han perpetuado.
 
En este sentido, la excusa para enfrentar esos males es la falta de recursos destinados a implementar los programas preventivos de estas enfermedades:   “El año que ha transcurrido ha sido funesto para la salud del pueblo dominicano”, comentó la doctora Herrera al referirse a la realidad que vive día a día la sociedad dominicana.
 
Otra espina en el régimen sanitario es la aplicación del Sistema de Seguridad Social, que pese a ser una prioridad, después de iniciado en el año 2001, se esperaba que para 2011 tuviera el ciento por ciento de la cobertura y en la actualidad existe más de un 60 % de la población que no la tiene y no encuentra a dónde ir a buscar servicio de salud.
 
Esto significa que uno de los principales retos del sector salud es el de aumentar el presupuesto, para de este modo garantizar una mejor cobertura. También, que el Seguro Nacional de Salud sea una realidad, a fin de que los pacientes subsidiados estén protegidos universalmente.
 
En la actualidad, el financiamiento de la  Salud Pública en República Dominicana ronda el 1.2% del Presupuesto General de la Nación, el más bajo de Latinoamérica, donde todos los países designan entre un 7% u 8% de sus cuentas.