Madrid.- La mayoría de los partidos de la oposición recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC), de España la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones en función de la inflación registrada en 2012.
En otra de sus controvertidas medidas para cumplir con la reducción del déficit público exigida por la Unión Europea, la administración conservadora de Mariano Rajoy acordó el pasado 30 de noviembre no actualizar esa paga.
El Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) precisó entonces que, ante el deterioro económico, no podría asumir en 2013 un reajuste de las jubilaciones del 1,9 por ciento, porcentaje correspondiente a la desviación de precios de ese ejercicio.
Con el rechazo de casi todos los partidos, el Congreso de los Diputados dio luz verde el 13 de diciembre a la decisión del Palacio de la Moncloa (sede del poder central), que la atribuyó a la necesidad de ahorrar unos tres mil 800 millones de euros.
El controvertido decreto fue convalidado solo con el respaldo del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara baja.
La disposición, que en la práctica supuso la bajada del poder adquisitivo de los jubilados, recibió 178 votos a favor -todos del PP-, 148 en contra y una abstención.
Todo el arco opositor rechazó la resolución de la Moncloa de no actualizar las pensiones según el aumento del Índice de Precios al Consumidor en 2012 (2,9 por ciento) y acusó al Ejecutivo de quitar un derecho a los ciudadanos.
Los grupos parlamentarios, incluido aquellos que suelen respaldar disposiciones de Rajoy, calificaron esta medida de injusta y anticonstitucional.
Durante el debate, las fuerzas representadas en el Congreso convinieron presentar un recurso conjunto ante el TC por considerar que la no revalorización de esas retribuciones conculca un derecho consolidado de los pensionistas.
