San Salvador.- Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determina un cambio de mando en la cúpula del aparato de seguridad de El Salvador, ocupada hasta la víspera por exmilitares.
Cuatro de los cinco magistrados de la Sala declararon ilegal los nombramientos del ministro de Justicia y Seguridad Pública y del jefe de la policía, los generales en retiro David Munguía Payés y Francisco Salinas.
La sentencia, hecha pública a media tarde, fue seguida de un hermético silencio del gobierno, cuya posición oficial es aguardada este sábado.
Según las versiones circulantes en las llamadas redes sociales, la decisión del presidente Mauricio Funes es acatar el fallo de inconstitucionalidad, aunque con anterioridad aseguró que sería inoportuno.
Tanto Munguía Payés como Salinas se han mantenido alejados de la prensa y con anterioridad aseguraron aceptarán el fallo sobre un recurso en su contra presentado hace poco más de un año por abogados opositores.
Los cuatro magistrados de la Sala aseguraron que el nombramiento de ambos generales retirados vulnera el artículo 159 de la Constitución, que establece la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública.
En un comunicado, los jueces sostienen que las designaciones de ambos no permiten una independencia de la Policía Nacional Civil (PNC) respecto de la Fuerza Armada.
En su sentencia la Sala estableció que existe una prohibición constitucional de nombrar a un militar como ministro de Seguridad Pública y director de la PNC, independientemente del tiempo transcurrido desde su orden de baja, apunta el texto.
Agregaron que el nombramiento del general Salinas es una infracción al artículo 168 de la Constitución, el cual regula que la dirección de la PNC se encuentre a cargo de autoridades civiles.
El efecto inmediato de la sentencia consiste en que queda invalidado a partir de esta fecha (ayer) el nombramiento del ministro de Seguridad y del director general de la PNC, precisa el comunicado.
El Presidente de la República -añade- deberá proceder a nombrar autoridades civiles, quienes habrán de sustituirles cumpliendo con los requisitos y las condiciones constitucionales que garanticen la separación orgánica funcional y subjetiva entre defensa nacional y seguridad pública.
El fallo fue suscrito por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Belarmino Jaime, pero no fue compartido por el presidente de la Sala y de la Corte Suprema, José Salomón Padilla.
