El nivel de corrupción que alcanzó Guatemala en los últimos tiempos hizo reaccionar a sus ciudadanos, agobiados por la pobreza, violencia, drogas y emigración ilegal.
Los manifestantes no abandonaron las calles desde abril pasado, cuando fue destapada la red de corrupción aduanera denominada La Línea, en la que se ha involucrado a más de 100 funcionarios de gobierno, incluido el expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció la noche del miércoles.
Se calcula que ese día unas 100.000 personas se autoconvocaron para exigir que se le levante la inmunidad de Pérez y sea investigado por acusaciones de defraudar al fisco. Un pedido al que ya se habían sumado los estudiantes, ONG, empresarios, Iglesia, Procuraduría General, Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En la mañana, los guatemaltecos entrelazaron sus brazos y formaron una valla humana para ayudar a los diputados a ingresar a la sede del Congreso unicameral, cuyo ingreso obstaculizaban partidarios del gobierno. Los legisladores retiraron la inmunidad al mandatario por unanimidad.
Para el internacionalista y exembajador de Guatemala, Sadio Garavini, lo que ocurre en su país es un buen precedente para América Latina, ya que “la separación de poderes, la autonomía de la fiscal general y la independencia del poder judicial en Guatemala crearon las condiciones para que esto pudiera suceder”, según dijo awww.eluniversal.com.
“Es un claro mensaje de que en Guatemala la justicia puede ser independiente cuando se tiene la voluntad política para actuar”, refiere el editorialista Juan Zapata en www.elperiodico.com.gt.
No obstante, esta crisis política deja una apatía de los guatemaltecos hacia la clase política, lo que se verá reflejado hoy en la jornada electoral para escoger al nuevo presidente que se posesionará el 14 de enero próximo.
Tras la denuncia de La Línea, los catorce candidatos a la presidencia centraron sus baterías en el combate a la corrupción, sin propuestas para combatir los altos niveles de pobreza, la migración ilegal a Estados Unidos, la ola desmedida de violencia promovida por las pandillas y el combate al narcotráfico.
“Hay un cansancio del juego clientelar”, dice Karen Slowing, exsecretaria de Planeación de la Presidencia de Guatemala del gobierno anterior. “La agenda de los candidatos no tiene nada que ver con el desarrollo del Estado, sino con desarrollar sus privilegios particulares, la captura del Estado para la defensa de intereses muy peligrosos”.
El director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos, Jorge Santos, lamenta que en Guatemala no existan “estructuras de organizaciones políticas fuertes que tengan un plan de trabajo”, sino más bien “maquinarias fabricadas solo para el proceso electoral”, que únicamente “son oportunistas”.
La Cicig reveló en julio que el 50% de la política es financiada por estructuras criminales, entre ellas el narcotráfico, a cambio de protección política. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales calcula que el 50% del financiamiento de los partidos proviene del dinero sucio de sobornos o lavado de dinero, tráfico de influencias o evasión fiscal.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, augura que gane quien gane la presidencia “la crisis no se va a detener, más bien se va a ir potenciando cuando tome posesión el nuevo gobierno porque va a estar bajo un escrutinio muy alto”. (I) 54%
De los 15,8 millones de habitantes de Guatemala son pobres. Mientras, la ola de violencia deja 6.000 muertos cada año.
6%
Del presupuesto del Estado de Guatemala, unos $ 560 millones, se calcula que la corrupción se lleva anualmente.
