Santo Domingo. La defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal en su contra, al alegar que el proceso judicial ha superado el plazo máximo de cuatro años establecido en el Código Procesal Penal.

Los abogados Carlos Balcácer y Nelys Rivas plantearon su petición ante las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, argumentando que el expediente acumula casi seis años de duración debido, según sostienen, a retrasos atribuibles exclusivamente al Ministerio Público.

Tras escuchar los planteamientos de las partes, el tribunal aplazó la audiencia para el miércoles 29 de julio, a las 9:00 de la mañana, cuando continuará el conocimiento del incidente.

Defensa alega violación al plazo razonable

Los representantes legales de Rodríguez sostienen que el proceso excede ampliamente el límite de cuatro años previsto en el artículo 150 del Código Procesal Penal, por lo que consideran que corresponde declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso.

Como parte de sus argumentos, presentaron estadísticas oficiales del Poder Judicial que indican que entre 2024 y 2025 fueron acogidas 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, mientras que 2,769 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles, cifras con las que buscan demostrar que esta figura jurídica se aplica de manera frecuente en el sistema judicial dominicano.

Asimismo, fundamentaron su solicitud en la sentencia TC/0882/25 del Tribunal Constitucional, utilizando el método de cómputo de plazos establecido por esa alta corte.

Cronología del proceso

La defensa explicó que la investigación preliminar comenzó el 21 de agosto de 2020 y que la solicitud de medida de coerción fue conocida el 25 de noviembre de ese mismo año, fecha que consideran como el inicio del plazo legal.

De acuerdo con su cronología, la imposición de las medidas de coerción ocurrió el 8 de julio de 2021; el auto de apertura a juicio fue emitido el 28 de junio de 2024; mientras que la primera audiencia de fondo se celebró el 23 de septiembre de ese año.

También señalaron que, tras una nueva asignación del expediente en febrero de 2025, la primera audiencia ante el nuevo tribunal se realizó el 1 de mayo de ese año y que, al momento de presentar el incidente, el proceso acumulaba cinco años, once meses y seis días.

Atribuyen retrasos al Ministerio Público

Los abogados responsabilizaron al Ministerio Público de las principales demoras registradas durante el proceso.

Entre los hechos mencionaron una investigación que se prolongó durante casi dos años, una prórroga adicional de cuatro meses solicitada por el órgano acusador y una intimación judicial para concluir esa fase.

También señalaron problemas con un disco duro que contenía cerca de 3,000 pruebas del expediente y cuyos archivos resultaron inaccesibles, situación que, aseguran, obligó a realizar tres correcciones por orden del tribunal y provocó más de un año de retraso.

A ello sumaron el tiempo invertido en la lectura de una acusación superior a las 12,000 páginas, más de 50 solicitudes de documentos que afirman no fueron respondidas, retrasos en la entrega de pruebas de descargo y diversos incidentes procesales, entre ellos recusaciones de jueces y la unificación de expedientes, circunstancias que, según sostienen, prolongaron aún más el juicio.

La defensa recordó además que Rodríguez permaneció privado de libertad durante cuatro años y afirmó que esa circunstancia impide extender indefinidamente el proceso conforme a los estándares del derecho internacional.

Ministerio Público rechaza la solicitud

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirta Ortiz, rechazaron la petición de la defensa.

Ambos sostienen que no existen fundamentos jurídicos para declarar extinguida la acción penal y aseguran que han sido los propios imputados quienes han promovido incidentes y actuaciones que han retrasado el avance del juicio.

Jean Alain Rodríguez enfrenta juicio junto a varios coimputados por presuntos actos de corrupción administrativa. El Ministerio Público los acusa de integrar una estructura que habría malversado más de RD$6,000 millones mediante presuntos procesos fraudulentos ocurridos entre 2016 y 2020.