San José de Ocoa.– La condena de seis meses de prisión impuesta a un hombre por el robo de 32 aguacates ha generado sorpresa y reavivado el debate sobre la proporcionalidad de la justicia en República Dominicana, donde numerosos expedientes por desfalcos millonarios contra el Estado permanecen sin condenas firmes y muchos de los imputados continúan en libertad.

El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa declaró culpable a Juan Alcántara Martínez, conocido como «Último», por sustraer 32 aguacates de la finca del empresario agrícola Midiam Calderón.

Los jueces Alfis Brandeli Castillo Castillo, Víctor G. Cuevas Cruz y David A. Santos Merán le impusieron una pena de seis meses de prisión, que deberá cumplir en la cárcel pública de Baní, además del pago de una multa de RD$500.

La decisión ha sido considerada por diversos sectores como un ejemplo de la marcada diferencia con que parecen tratarse algunos delitos en el sistema judicial. Mientras una persona irá a prisión por el robo de productos agrícolas, numerosos acusados de desviar millones de pesos del patrimonio público permanecen en sus hogares, disfrutando de comodidades y sin una condena definitiva, pese a la gravedad del daño causado al Estado.

No obstante, esta comparación no implica justificar el robo cometido por Alcántara Martínez. La sustracción de bienes ajenos constituye un delito que debe ser sancionado conforme a la ley. Sin embargo, el caso pone nuevamente sobre la mesa el reclamo de que la justicia actúe con el mismo rigor frente a quienes provocan pérdidas multimillonarias al erario.

Durante el juicio, el propietario de la finca, Midiam Calderón, afirmó que explota esos terrenos desde 1981, en el paraje «Vengan a Ver», y aseguró que el hoy condenado le había robado aguacates en múltiples ocasiones, situación que, según dijo, lo llevó incluso a colocar un letrero de «Se vende» en la propiedad.

La Defensa Pública solicitó la absolución del imputado, alegando que el Ministerio Público no había destruido la presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas eran suficientes para establecer su responsabilidad penal.

Como parte de las evidencias, el segundo teniente de la Policía Nacional Julio Sánchez declaró que al momento del arresto a Alcántara Martínez se le ocupó un machete, arma blanca que fue incorporada al proceso judicial como elemento probatorio.

La sentencia vuelve a alimentar el debate sobre la necesidad de una justicia que, además de castigar los delitos comunes, actúe con igual firmeza y celeridad frente a los grandes casos de corrupción que afectan el patrimonio de todos los dominicanos.