SAN FRANCISCO DE MACORIS. – El senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, destacó el trabajo realizado por la Comisión Especial del Senado que presidió para el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa considerada clave dentro del proceso de transformación y modernización de la institución del orden.
Romero afirmó que la comisión desarrolló un amplio proceso de análisis y consultas, examinando cada disposición del proyecto con el objetivo de fortalecer la transparencia, la profesionalización, la disciplina y la eficiencia de la Policía Nacional.
Uno de los cambios más relevantes aparece desde el artículo 12. La versión modificada elimina un párrafo del texto original y deja expresamente establecido que el presidente de la República ejerce el mando supremo de la Policía Nacional, directamente o por conducto del Ministerio de Interior y Policía. La modificación simplifica la disposición y reafirma el principio de subordinación de la fuerza pública al poder civil.
Igualmente se fortalecen las funciones de la Dirección de Asuntos Internos. Además de investigar, la nueva versión le otorga competencias para supervisar operaciones encubiertas, verificar pruebas de integridad del personal, controlar el manejo de información reservada y rendir informes periódicos al ministro de Interior y Policía y al Consejo Superior Policial sobre investigaciones relacionadas con corrupción y vínculos de agentes con estructuras criminales.
El Consejo Superior Policial también amplía sus competencias. La reforma incorpora atribuciones relacionadas con el seguimiento de indicadores de gestión, el análisis de datos criminales, la aprobación de proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos y retiros. Igualmente, deberá conocer informes periódicos sobre traslados de oficiales y asignaciones de protección policial.
Uno de los cambios más visibles recae sobre el uso de policías fuera de sus funciones naturales. La reforma elimina las asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones o fundaciones y las limita a instituciones públicas. Además, incorpora un artículo que prevé investigaciones administrativas, civiles y penales contra las autoridades que utilicen personal policial en funciones ajenas a la seguridad pública.
El artículo sobre registros preventivos también cambia de manera significativa. El nuevo texto desarrolla las circunstancias en que podrán realizarse registros superficiales e incorpora salvaguardas como la prohibición de basarlos en perfiles raciales o estereotipos, la obligación de mantener encendidas las cámaras corporales durante el procedimiento, el derecho del ciudadano a grabar la actuación policial y la prohibición de desnudos forzados o tocamientos en zonas íntimas. Asimismo, dispone privilegiar detectores electrónicos o caninos antes del contacto físico directo.
La reforma más amplia se concentra en el régimen disciplinario. El proyecto sustituye el modelo en el que una misma estructura investigaba y resolvía los expedientes por otro que separa a los inspectores instructores, encargados de investigar y formular cargos, de los inspectores de decisión, responsables de juzgar las faltas disciplinarias.
También amplía el catálogo de faltas muy graves al incorporar conductas relacionadas con corrupción, acoso sexual y laboral, manipulación de sistemas informáticos, alteración de evidencias digitales, discriminación, maltrato animal, apropiación de bienes públicos y violaciones a la cadena de custodia. Además, reorganiza las sanciones según la gravedad de las infracciones y exige que toda decisión disciplinaria esté motivada con base en los principios de proporcionalidad, legalidad y debido proceso.
Finalmente, el proyecto modifica el régimen transitorio de pensiones mediante un esquema que armoniza los derechos adquiridos de quienes ingresaron bajo leyes anteriores con el nuevo Plan Especial de Pensiones de la Policía.
