Santo Domingo. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este martes al mayor general, Adán Cáceres Silvestre y al general Juan Carlos Torres Robiou, a 20 años de prisión, tras hallarlos culpables de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el marco de uno de los casos de presunta corrupción más relevantes de los últimos años en República Dominicana.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso a ambos condenados el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron la existencia de un entramado destinado al manejo y ocultamiento de recursos obtenidos de manera ilícita.
Las juezas también condenaron a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida públicamente como “La Pastora”, a 15 años de prisión. Según la decisión judicial, quedó probada su participación en operaciones relacionadas con el ocultamiento, administración y movilización de fondos vinculados a la red de corrupción investigada por las autoridades.
En tanto, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez fue sentenciado a cinco años de prisión. El tribunal tomó en consideración su papel como colaborador del proceso judicial y las informaciones suministradas durante la investigación, las cuales contribuyeron al esclarecimiento de los hechos y al fortalecimiento de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Una sentencia de alto impacto
La decisión marca un hito dentro de los procesos judiciales derivados de las investigaciones anticorrupción desarrolladas en los últimos años, en las que las autoridades han perseguido presuntas estructuras dedicadas al desvío de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó evidencias documentales, testimoniales y financieras con las que procuró demostrar la existencia de una red que habría manejado importantes recursos económicos obtenidos de manera irregular, utilizando empresas, bienes y transacciones para ocultar su origen.
La lectura íntegra de la sentencia permitirá conocer en detalle los fundamentos jurídicos que llevaron al tribunal a imponer las distintas condenas, así como las disposiciones relacionadas con el decomiso de bienes y otras medidas accesorias contempladas en el fallo.
Reacciones y próximos pasos
Tras la decisión, se espera que las defensas de los condenados evalúen la posibilidad de recurrir la sentencia ante instancias superiores, mientras que el Ministerio Público valoró el fallo como un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El caso ha captado la atención de la opinión pública por involucrar a altos oficiales militares y a personas vinculadas a una compleja estructura financiera, considerada por las autoridades como una de las mayores redes de corrupción administrativa desmanteladas en el país.
