Santo Domingo.– La jueza Yenibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la apertura a juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados en el denominado caso de la red semafórica, un expediente que investiga un presunto entramado de corrupción vinculado a contratos públicos por más de RD$1,300 millones.

La decisión mantiene las principales acusaciones presentadas por el Ministerio Público, entre ellas corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado y sabotaje, aunque declaró inadmisible la imputación de terrorismo que pesaba sobre algunos de los encartados.

Rechaza acusación de terrorismo
Durante la audiencia, la magistrada Rivas concluyó que la acusación de terrorismo formulada por el Ministerio Público no estaba sustentada en los hechos descritos en el expediente.

Según explicó, la narrativa presentada por el órgano acusador no demuestra que las acciones atribuidas a los imputados estuvieran dirigidas a provocar muertes, lesiones físicas o psicológicas, ni daños graves a infraestructuras estratégicas.

“No basta con la realización de una acción que provoque un desorden en el tránsito”, expresó la jueza, al señalar que tampoco se identifican víctimas que hayan sufrido afectaciones físicas o psicológicas derivadas de los hechos investigados.

Para fundamentar su decisión, la magistrada comparó el caso con el atentado ocurrido en el Metro de Santo Domingo en 2014, considerado uno de los pocos precedentes judiciales relacionados con terrorismo en el país.

“Esa sentencia le permite al tribunal hacer un contraste, puesto que así se evidencia que en este proceso no se produjeron lesiones a personas, no se generaron graves daños a las infraestructuras ni se creó un estado de temor generalizado en la población”, sostuvo.

Acusaciones por supuesto sabotaje
De acuerdo con el Ministerio Público, Gómez Canaán habría encabezado, con la colaboración de Hugo Beras y otros implicados, un supuesto sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo durante la última semana de agosto de 2024.

La investigación sostiene que el empresario fue el principal beneficiario del contrato adjudicado a la empresa Transcore Latam para la modernización del sistema semafórico de la provincia Santo Domingo y que posteriormente participó en la manipulación de los equipos que provocó fallas en la red de tránsito.

Asimismo, el órgano persecutor atribuye responsabilidad a Pedro Vinicio Padovani Báez, quien se desempeñaba como supervisor del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

Aunque descartó el cargo de terrorismo, el tribunal mantuvo la acusación relacionada con el supuesto sabotaje al sistema de semáforos.

Reacciones de la defensa
Tras conocerse la decisión, el abogado de Jochi Gómez, Juan Hirohito Reyes, valoró positivamente la exclusión del cargo de terrorismo y afirmó que la defensa continuará combatiendo el resto de las imputaciones durante el juicio.

Por su parte, Gómez manifestó su confianza en el sistema judicial y aseguró que enfrentará la próxima etapa del proceso con la expectativa de demostrar su inocencia.

Mientras tanto, la defensa de Hugo Beras, encabezada por la abogada Laura Acosta, cuestionó algunos aspectos de la motivación del tribunal, especialmente los relacionados con la acusación de sabotaje.

Acosta sostuvo que su representado no tuvo participación en los hechos atribuidos por el Ministerio Público y afirmó que esos elementos serán debatidos durante el juicio de fondo.

Imputados y empresas involucradas
Además de Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán y Pedro Vinicio Padovani Báez, fueron enviados a juicio Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini; Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

También fueron judicializadas las empresas Aurix S.A.S., Transcore Latam S.R.L., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., señaladas por el Ministerio Público como parte de la estructura investigada.

Con la decisión del tribunal, el proceso entra ahora en la fase de juicio de fondo, donde el Ministerio Público deberá presentar las pruebas para sustentar las acusaciones formuladas contra los imputados.