El presidente Gustavo Petro ordenó bombardeos en Guaviare tras la captura de alias Mona, presunta cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco”. La información fue dada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Según él, se habría recuperado a un menor de edad reclutado por el grupo criminal y habrían muerto tres integrantes del grupo armado.

Según el ministro, también se incautaron trece armas largas, dos cortas, “abundante” munición y material de intendencia —en otras palabras, por ejemplo, de logística y abastecimiento— y comunicaciones.

Palabras del ministro Pedro Sánchez

“El cartel del narcotráfico que más atentados terroristas ha hecho contra el pueblo colombiano en los últimos años, es el de las disidencias de ‘Mordisco’. Por ello, la ofensiva se ejecuta sin pausa y con contundencia en todas las madrigueras de sus estructuras criminales para evitar que sigan atacando a los civiles”, dijo Sánchez.

El ministro habló, a su vez, de que información de inteligencia en el Guaviare “indica que numerosos integrantes de ambas estructuras criminales han manifestado su intención de desmovilizarse y someterse a la legalidad, pese a las amenazas de muerte que reciben por parte de sus propios cabecillas para impedir su desvinculación”.

Los 48 muertos por enfrentamientos

Como dijo el ministro Sánchez, a 22 kilómetros del lugar de la operación se enfrentaron entre sí las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco. Este choque ocurrió por lo menos durante cuatro días.

La Defensoría del Pueblo confirmó que se encontraron y gestionaron 48 cuerpos. Y el ministro de Defensa confirmó que habría varios menores de edad entre los muertos. Es decir, menores víctimas de reclutamiento forzoso. “El desprecio por la vida humana llega incluso a edades muy tempranas”, dijo el funcionario.

A pesar de la recuperación de control en la zona, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la participación civil en la recuperación de la zona y la gestión de encontrar y salvaguardar los cadáveres de las víctimas.

“Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. No obstante, advertimos que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades”, explicó la entidad.

En ese sentido, agregaron que la situación es la prueba de que el conflicto armado en la zona ha ido recrudeciendo, algo que habían advertido desde 2025, pues la disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y agravado la crisis humanitaria en los departamentos.

En este caso, el conflicto de dio en proximidades a una escuela rural, lo que ya tenía preocupadas a las autoridades.