PC advierte vacíos legales en acuerdo migratorio firmado por RD y EEUU

El canciller Roberto Álvarez ha defendido el acuerdo

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana pidió al Gobierno dominicano hacer público el texto íntegro del memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos, mediante el cual se permitiría el ingreso temporal y excepcional al país de extranjeros deportados desde territorio estadounidense mientras son trasladados a sus países de origen.

La organización sostuvo que, debido a la sensibilidad del tema migratorio, el contenido completo del acuerdo debió ser divulgado desde el inicio para evitar especulaciones y garantizar un debate público transparente e informado.

El Gobierno dominicano informó el pasado 12 de mayo de 2026 que firmó con Estados Unidos un memorando de carácter no vinculante para facilitar el tránsito temporal de nacionales de terceros países deportados por autoridades estadounidenses. De acuerdo con versiones difundidas por la prensa, el mecanismo excluiría a ciudadanos haitianos y menores no acompañados, y su aplicación sería evaluada caso por caso.

Participación Ciudadana advirtió que el acuerdo podría generar implicaciones jurídicas para la República Dominicana, ya que las personas recibidas no habrían infringido leyes dominicanas, incluidas las normas migratorias, debido a que entrarían al país con autorización oficial.

En ese sentido, alertó que cualquier limitación a la libertad de tránsito de esos extranjeros podría derivar en acciones legales, como recursos de hábeas corpus, lo que complicaría el manejo de la situación por parte de las autoridades.

La entidad también señaló que persisten múltiples interrogantes sobre la implementación del memorando, entre ellas el lugar donde serían alojadas las personas deportadas, la disponibilidad de intérpretes judiciales para quienes hablen idiomas no comunes en el país, los mecanismos para verificar antecedentes y las acciones a tomar si los migrantes no pueden retornar a sus naciones de origen por restricciones de ingreso o amenazas a su seguridad.

Asimismo, recordó que países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador han suscrito acuerdos similares con Estados Unidos, experiencias que, según afirmó, no han producido resultados positivos y deben servir de referencia para la República Dominicana.

La organización también cuestionó la naturaleza jurídica del memorando, al explicar que este tipo de MOU funciona como un preacuerdo que, en teoría, no genera obligaciones plenas. Sin embargo, advirtió que esa condición cambiaría desde el momento en que el país reciba el primer grupo de deportados, creando compromisos legales y operativos que no podrían ser ignorados.

Participación Ciudadana consideró que todavía existe margen para dejar sin efecto el memorando y enfocar la cooperación migratoria con Estados Unidos en asuntos que respondan directamente a los intereses nacionales de la República Dominicana.

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