San Salvador.– Durante sus dos legislaturas consecutivas, el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), liderado por el presidente Nayib Bukele, ha aprobado y ratificado al menos nueve reformas constitucionales que han modificado de forma acelerada la Carta Magna salvadoreña.

Las enmiendas, impulsadas entre abril de 2024 y mayo de 2026, han generado fuertes críticas de sectores opositores, organizaciones nacionales e internacionales y analistas políticos, quienes sostienen que los cambios están diseñados para fortalecer y concentrar el poder alrededor del mandatario.

Entre las reformas más controversiales destacan la habilitación de la reelección presidencial indefinida, la ampliación del período presidencial a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y la implementación de la cadena perpetua para delitos graves.

Críticas por concentración de poder

Diversos expertos consideran que las reformas han sido aprobadas sin suficiente debate público ni transparencia.

Una abogada y analista consultada bajo condición de anonimato afirmó que las modificaciones constitucionales mantienen los mismos “vicios” observados en reformas anteriores.

“Las reformas son preocupantes tanto en la forma como en el fondo. Han sido aprobadas sin discusión, sin claridad y con muchas dudas sin responder. Todo apunta a una concentración del poder”, sostuvo.

La especialista aseguró además que las medidas buscan “moldear una Constitución a la medida del presidente y su círculo cercano”, bajo el argumento de responder a supuestas demandas populares.

Reformas recientes

Las dos modificaciones más recientes avalaron la representación directa de los salvadoreños en el exterior dentro del Congreso y eliminaron la facultad de los partidos políticos de proponer candidatos para tres de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En febrero de 2025 también fue eliminado de la Constitución el artículo 210, que establecía el financiamiento estatal de campañas políticas, una decisión que, según la oposición, debilita aún más a los partidos adversarios del oficialismo.

Del dominio legislativo al control constitucional

El ascenso político de Nayib Bukele comenzó tras ganar las elecciones presidenciales de 2019, poniendo fin a tres décadas de dominio de los partidos tradicionales: Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Aunque inicialmente gobernó con un Congreso controlado por la oposición, las elecciones legislativas de 2021 dieron a Nuevas Ideas una amplia mayoría parlamentaria, con 56 de los 84 diputados, además del respaldo de partidos aliados.

Con esa supermayoría, el oficialismo aprobó reformas electorales que redujeron el número de diputados de 84 a 60 y modificaron la fórmula para distribuir los escaños legislativos.

Posteriormente, en abril de 2024, el Congreso reformó el artículo 248 de la Constitución para permitir cambios constitucionales exprés. Antes de esa modificación, las reformas debían ser aprobadas en una legislatura y ratificadas en la siguiente.

En enero de 2025, el nuevo mecanismo fue ratificado, permitiendo que una misma legislatura apruebe y confirme reformas constitucionales en un período corto.

Reelección indefinida y cadena perpetua

El segundo mandato consecutivo de Nayib Bukele inició en junio de 2024, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de su candidatura, debido a que varios artículos de la Constitución prohibían la reelección inmediata.

No obstante, el Tribunal Supremo Electoral validó su participación basándose en una resolución de la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados fueron nombrados por el oficialismo tras destituir a los anteriores jueces.

El 31 de julio de 2025, el Congreso dominado por Nuevas Ideas aprobó en cuestión de horas reformas a los artículos 75, 80, 152 y 154 de la Constitución, habilitando formalmente la reelección presidencial indefinida, eliminando la segunda vuelta y ampliando el mandato presidencial a seis años.

Más adelante, en marzo de 2026, el oficialismo ratificó otra reforma que establece la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas, incluyendo sanciones aplicables tanto a adultos como a menores de edad.