Santo Domingo.– El empresario e influencer Santiago Matías solicitó al Ministerio Público, a través de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se agilice el proceso judicial iniciado en su contra por la diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasilie.

La acción legal también incluye al comentarista Eduardo Saint-Hilaire Ramírez y a las empresas Alofoke Media Group y Alofoke Music, señaladas como terceros civilmente responsables.

Matías realizó el llamado durante su participación en el programa Planeta Alofoke Reality Show, donde aseguró que, aunque respeta el debido proceso, le ha sorprendido la querella y espera que el caso avance sin dilaciones. “Entendemos cómo funcionan los procesos judiciales, pero pedimos que esto se agilice. Queremos que se fijen las audiencias lo antes posible”, expresó.

El creador de contenido indicó que hasta la fecha no ha sido notificado formalmente sobre la demanda. “Queremos que la citación llegue en el tiempo que establece la ley. Estoy dispuesto a enfrentar esa querella”, afirmó. Según explicó, la demanda asciende a RD$100 millones.

“Quiero enfrentar a la diputada, a su esposo y a quienes corresponda en los tribunales, pero que sea rápido, sin retrasos”, añadió. Matías también aseguró que su equipo legal no solicitará prórrogas y pidió que el expediente sea tramitado con celeridad.

En ese sentido, mencionó que la querella fue depositada por el abogado Miguel Valerio. De acuerdo con el documento legal, la acción penal con constitución en actor civil se sustenta en presuntos delitos de difamación e injuria a través de medios electrónicos, tipificados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal Dominicano.

La querella sostiene que Saint-Hilaire habría realizado acusaciones públicas reiteradas consideradas falsas, vinculando a un empresario con supuestas actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y crimen organizado.

El caso fue interpuesto ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en un proceso que ahora queda a la espera de fijación de audiencias y notificaciones formales a las partes involucradas.