La defensa del excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, implicado en el caso Calamar, denunció ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que el Ministerio Público protege a los verdaderos responsables de las irregularidades para perseguir penalmente al exfuncionario.

Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas plantearon a la jueza Altagracia Ramírez, que el expediente fue «construido» sobre la base de acuerdos con individuos que no sólo admitieron su culpabilidad, sino que fueron los organizadores de la supuesta trama ilícita.

Sostuvo que figuras clave dentro del entramado fueron excluidas de la acusación formal mediante criterios de oportunidad, a pesar de haber reconocido su participación directa en los hechos.

Mencionó a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, a quienes señalan como los organizadores de las operaciones, así como Carlos Báez Batista, exgerente bancario vinculado a los retiros de grandes sumas de dinero en efectivo, quien ahora figura como testigo de la fiscalía.

Consideró que el Ministerio Público coordinó con los «verdaderos responsables» y que los que admitieron organizar las operaciones no están en el banquillo de los acusados, mientras se persigue a quien no participó de los hechos.

Para los defensores de Castillo, el hecho de que quienes debieron ser los acusados principales actúan como «testigos protegidos» vicia el proceso desde su origen.

Bajo este argumento, la defensa refuerza su solicitud de nulidad de la acusación, alegando que existe una protección deliberada hacia quienes ejecutaron las acciones ilícitas.

Según el equipo legal, esta estructura de acuerdos evidencia que el objetivo del órgano persecutor no es la justicia integral, sino la obtención de testimonios interesados para sostener un caso contra el exministro, dejando fuera a quienes manejaron y operaron la logística del entramado.