Jefe de gabinete entre los testigos caso Senasa
Más de 2,881 millones de pesos habría recibido el exdirector del Seguro Nacional de Salud y Administradora de Riesgos de Salud (Senasa), Santiago Hazim, de las maniobras fraudulentas implementadas en esa institución estatal, afirma el Ministerio Público en la solicitud de 18 meses de prisión preventiva que hace al juez del tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), afirma que José Pablo Ortiz, fue la persona de confianza que el exfuncionario utilizó para recibir los valores.
Ortiz, quien es amigo del exdirector de Senasa y quien dijo que entregó dinero a Santiago Hazim en diferentes lugares y circunstancias, será testigo a cargo del PEPCA en el expediente donde también se encuentran acusados Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicio de Salud; Cindy Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, empresarios, Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del Centro de Telemedicina MyCare, Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
La audiencia para conocer el pedido de coerción fue aplazada para el próximo jueves a los fines de que los abogados tomen conocimiento del expediente y puedan preparar el escrito de defensa en la cual establecerían los arraigos de los imputados. Al tiempo, de que toman conocimiento de la querella depositada por el Estado a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
La PEPCA aseguró que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias porque de lo que se trata es de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.
Otro de los testigos claves en el proceso, es el entonces jefe de gabinete del Senasa, Gustavo Güílamo, quien habría desempeñado un rol importante en la estructura.
“El imputado Santiago Hazim era el beneficiario final del esquema de lavado de activos operado por el señor José Pablo Ortiz, en el cual se emplearon vehículos societarios como las empresas PDSS Servicios de Salud, SRL, y OGSS Prestadora de Servicios de Salud las cuales recibieron dinero obtenido de actos de corrupción en el SENASA, como una forma del exdirector ejecutivo alejarse de la comisión de los delitos precedentes, designando (amigo y compueblano) como intermediario entre él y los proveedores y contratistas de dicha entidad”, relata la instancia de solicitud de imposición de prisión preventiva.
Refiere que el cobro del soborno oscilaba entre un 25% y un 30% de las facturaciones de las empresas Khersun, Deleste, Farmacard y Nutrimed al Senasa.
“De esta manera los imputados Eduardo Read Estrella Cinty Acosta Sensión, prestaron sus empresas para el proceso de transferir los fondos provenientes del Estado dominicano –producto de contrataciones fraudulentas- a favor de un entramado de sociedades comerciales que sirvieron de vehículo para ocultar, disimular y encubrir la naturaleza y el origen de los fondos”, dice el expediente.
Al esquema se agregaron otras once empresas, varias de ellas bajo la gerencia del abogado de Read Estrella.
Los testigos claves
Con el testimonio de su amigo José Ortiz, se probará que él era el intermediario exclusivo para recaudar comisiones, las cuales buscaba una vez Hazim le decía la frase clave “había llovido”, lo que le permitiría lavar unos 949 millones de pesos entre 2020 y 2022.
“Así mismo se acreditará el reinicio del esquema en 2023, exclusivamente con el grupo Read de Eduardo Estrella Read, bajo la modalidad de entrega de efectivo en fundas selladas, justificados por Hazim como fondos exclusivos para campaña electoral, y que se prolongó hasta su destitución en 2025”, dice.
Con el testimonio del exjefe de gabinete, Gustavo Güílamo, hablará de los programas especiales, el sabotaje sistemático a proyectos tecnológicos esenciales para controlar el gasto y detectar fraudes, ilicitudes e irregularidades en programas como los suplementos nutricionales. Detallará la subvaluación de las deudas en el borderó y la sobrevaluación de las cuentas por cobrar del reaseguro con el objetivo de minimizar las pérdidas y subregistrar las reservas técnicas.
“Estas acciones resultaron en la alteración de los estados financieros (reportando pérdidas de RD$2,077MM cuando las reales rondaban en los RD$8,000MM en 2024) y un significativo retraso en pago” a los Prestadores de Servicios de Salud”, enfatiza.
La entonces analista del departamento de control de redes y contrataciones médica, Nidia Valdez de Luna, es otra de las testigos con la que el PEPCA busca acreditar que se creó un chat de Whatsapp que era manejado por la asistente de Hazim, Johana Fernández, donde se priorizaban caso VIP enviados por la dirección ejecutiva. “Declarará que el Dr. Hazim tomaba las decisiones finales justificando la contratación de prestadores que no cumplían con los requisitos con argumentos como ‘tenía compromisos políticos y había que ayudarlo’ o ‘aportó para la campaña’”, describe en su oferta probatoria el Ministerio Público.
En el expediente de 537 páginas, los investigadores detallan que a su llegada al Senasa en agosto del 2020, Hazim se dio cuenta de que no existía el comité de contrataciones médicas dentro de la estructura organizacional. Él creo esa estructura, de manera arbitraria y sin sustento legal, alterando por completo el mecanismo vigente para las evaluaciones y aprobación de prestadores de servicios de salud, dice la PEPCA.
Y, que, para asegurar el control de las aprobaciones de los contratos, incluía, además, a sus asistentes más cercanas: Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en su ausencia llegaban a las reuniones con las listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobadas.
Estado formaliza querella en PGR
El Estado depositó ayer en la Procuraduría General de la República una querella con constitución en actor civil a través del ERPP.
“Este no es un caso cualquiera. Se trata de un expediente que toca lo más sensible de una sociedad: la salud de su gente, en especial la de los más humildes y los más necesitados”, advirtió el equipo de abogados que representa al Estado.
El colectivo, que asumió el caso pro bono, es decir, de gratis, adelantó que acompañará al Ministerio Público en todas las etapas del proceso, impulsando que la investigación “llegue hasta las últimas consecuencias”.-elcaribe.com.do
