Los profesionales del Derecho dominicanos Ángel Brito, Ramón Núñez, de República Dominicana, y Daniel R. Alonzo, de Estados Unidos, valoraron la importancia de los acuerdos judiciales en los procesos penales, al participar en un panel de expertos moderado por el procurador adjunto Wilson Camacho durante el desarrollo del primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región” realizado por el Ministerio Público.
Ángel Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), resaltó la importancia de los acuerdos entre las partes como un mecanismo de agilización de los procesos judiciales, tanto en los casos simples como complejos.
Brito Pujols destacó “que en un país con una alta cultura de litigiosidad y de alto deseo de estudiar derecho, porque ya tenemos más de 80,000 abogados en solo 48,000 kilómetros cuadrados, se puede dar cuenta de que nos embarca una cultura de litigiosidad importante y que ha impregnado en el tiempo de todo el quehacer judicial”.
“Eso ha implicado que, al momento de poder procesar un caso complejo, como el caso de la corrupción y el crimen organizado, se genera, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, que es la jurisdicción que generalmente resulta apoderada, un entaponamiento”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que son procesos donde hay cientos de pruebas, hay cientos de testimonios, hay cientos de personas que intervienen y que genera una lógica distinta a lo normal.
Señaló que en la República Dominicana de cada tres casos que entran, el radio normal es que terminen convirtiéndose en 20 cada año. “Y esa cifra implica que nosotros tenemos por cada 30,000 casos, que es el promedio anual, un poco más de 30,000 casos, 200, más de 200,000 soluciones que deben ser dadas por nuestros tribunales.
El director de la ENJ dijo que la aspiración que se debería tener en la República Dominicana como sistema acusatorio es que la mayor parte, ojalá el 80% o el 90% de los casos terminen en un acuerdo porque estructuralmente en la República Dominicana no se dan soluciones tempranas. “Nos mantenemos en un juego de ping pong, es decir, tenemos que vivir revisión tras revisión, revisión tras revisión de medidas, pero, además de que vivimos revisando las medidas, también hasta hace poco vivíamos ordenando nuevos juicios”, refirió.
Expresó que todo eso genera la imposibilidad de procesar los casos que llegan a la jurisdicción penal y de hacer posible, hacer viable ese ideal de la materialización de la justicia.
En ese mismo orden, el abogado y consultor experto Ramón Núñez, también destacó la relevancia de contar con herramientas que permitan dar soluciones eficaces a lo que ingresa al sistema.
“Esto se ve más necesario en el ámbito de la criminalidad organizada. La criminalidad organizada es de por sí compleja, plantea mayores retos que lo que plantean los casos ordinarios”, dijo.
Además, agregó “cuando los recursos son escasos y hay una gran cantidad de hechos que se presentan, que tocan la puerta del Ministerio Público, lo que se impone es la racionalización, el uso de los recursos en materia de crimen organizado.
Núñez indicó que, en el Código Procesal Penal del 2002, el de la reforma del 15 o ahora el del 2025 se encuentra el juicio como centro del proceso, pero que se van a encontrar una serie de herramientas que indican que el legislador ha tomado en cuenta a la hora de diseñar su política criminal, que el Ministerio Público cuente con soluciones que no se agotan exclusivamente en el juicio.
“Entonces, por eso vamos a tener la conciliación, por eso vamos a tener en otros casos la suspensión del proceso a prueba, suspensión condicional del procedimiento”, manifestó.
De su lado, Daniel Alonzo, profesor de Derecho en Cornell Law School, exfiscal federal de los Estados Unidos especializado en corrupción, destacó que un ningún sistema penal eficaz y mucho menos un sistema de control de corrupción puede funcionar si el 95% de los casos terminan en juicios orales. “Es un desperdicio de recursos y es un sistema que no va a terminar con certeza ni eficacia”, dijo.
Alonzo destacó que con los acuerdos se pueden desarticular redes completas, “que es la meta de ustedes; lo más importante en el compromiso de cualquier sistema de anticorrupción o de delincuencia organizada es desenredar una organización entera, una asociación ilícita entera y tratar lo más posible de imputar y lograr condenar a todos los delincuentes”.
El evento, que se desarrolló en el hotel Catalonia, contó con el auspicio de la embajada de Estados Unidos y la cooperación de Alemania y España.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tuvo a cargo las palabras de apertura de la actividad que incluyó tres paneles sobre transparencia y rendición de cuentas, políticas de negociación en el marco de los procesos relacionados con la criminalidad organizada y sobre los principales obstáculos en el combate a la corrupción.
