Durante décadas, la República Dominicana cargó con una reputación que nunca quiso, pero que le costó abandonar. Enclavada entre la cuenca productora de drogas de Sudamérica y los mercados de consumo de Estados Unidos y Europa, el país se encontraba inmerso en un corredor global de narcóticos. Durante años, la geografía fue su destino, y este fue implacable. Los vuelos con drogas aterrizaban en pistas clandestinas. Las lanchas rápidas cruzaban el Canal de la Mona como fantasmas. La cocaína se almacenaba en contenedores que salían de los puertos dominicanos. Las redes de tráfico, protegidas por la interferencia política y la corrupción, operaban con una facilidad asombrosa. Así, la República Dominicana se convirtió en una nación de tránsito, un centro de lavado de dinero y un puerto seguro. «Un lugar donde los casos iban a morir», dijo una vez un exagente de las fuerzas del orden estadounidenses.
Luego, aparentemente de repente, la trayectoria cambió. A partir de 2020, la República Dominicana lanzó una de las campañas de reforma antidrogas más ambiciosas del hemisferio. En cinco años, las autoridades triplicaron las incautaciones de drogas, desmantelaron redes que antes se consideraban intocables, modernizaron los sistemas legales y de vigilancia, y reconstruyeron la confianza con sus homólogos estadounidenses y europeos. La cooperación, antes cautelosa, incluso suspicaz, se volvió fluida y estratégica.
“Un giro de 180 grados”, declaró un exfuncionario del Departamento de Estado de EE. UU. a The Miami Herald. “Pasó de una relación de desconfianza a una de reconocimiento”. Funcionarios dominicanos y estadounidenses entrevistados para este artículo describen el cambio como una transformación: una nación históricamente definida por la vulnerabilidad se reposiciona como un referente regional en interdicción, rendición de cuentas y fortaleza institucional.
El reinicio. El cambio comenzó con una apuesta política bajo la administración del presidente Luis Abinader, rompiendo con las prácticas tradicionales y proponiéndose depurar al gobierno de la corrupción que había permitido que la nación se convirtiera en un centro de tránsito para la cocaína que salía de Colombia y Venezuela. Funcionarios dominicanos dijeron que la transformación se centró en nombrar a un contralmirante firme y orientado a los resultados para dirigir la agencia antidrogas del país y otorgar una verdadera independencia al Ministerio Público, incluyendo el nombramiento de unA procuradora general autónoma. Esta, según las fuentes, no fue una reforma diseñada para los titulares, sino para los resultados. La independencia permitió a los fiscales perseguir casos que antes se consideraban vedados. La impunidad perdió su escudo. Altos cargos, protegidos durante mucho tiempo por el poder, finalmente podrían ser sometidos a escrutinio sin advertencias ni consecuencias profesionales, afirmó un alto funcionario dominicano. La veterana fiscal Jenny Berenice Reynoso se convirtió rápidamente en un emblema de la nueva era. Los casos inactivos resurgieron. Los expedientes que antes estaban destinados a un entierro discreto se convirtieron en acusaciones formales. Desde 2020, al menos 28 altos funcionarios han sido destituidos, no siempre por delitos probados, sino por no superar las pruebas de credibilidad. La integridad se convirtió en el nuevo guardián. «Un reinicio cultural», lo describió un funcionario. «Donde la lealtad a la institución prevalece sobre la lealtad al poder». Mientras tanto, la supervisión se fortaleció. La Dirección General de Contrataciones Públicas, antes considerada un mero trámite, comenzó a cancelar acuerdos financieros que incumplían los estándares de transparencia. Un sistema que antes era explotado por los traficantes como punto de entrada para el dinero sucio ahora se describe internamente como un «cortafuegos», equipado con auditorías, verificaciones cruzadas y alertas automáticas. La reforma creó algo más allá de la legalidad. Creó confianza y la confianza abrió puertas. Los números cuentan la historia y los resultados comenzaron a mostrarse.
De 2004 a 2020, las autoridades dominicanas incautaron 77 toneladas de narcóticos. De 2020 a 2025, incautaron más de 227,824 kilogramos, incluyendo 67,373 kilogramos capturados a través de operaciones internacionales conjuntas. El salto no fue incremental, fue sísmico. Los funcionarios estadounidenses señalan que el aumento refleja no necesariamente más drogas en circulación, sino una mayor capacidad para detectarlas. La inteligencia se profundizó. La supervisión marítima y aérea se expandió. La cobertura de radar ahora cubre lo que alguna vez fueron corredores aéreos sin ley. La Dirección Nacional de Control de Drogas del país experimentó su propia reestructuración, profesionalizando su estructura y contratando a 758 nuevos agentes. Con más personal y una mejor coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses, las rutas de tráfico de larga data comenzaron a colapsar. Los lanzamientos de lanchas rápidas enfrentaron más intercepciones. Las pistas de aterrizaje clandestinas se silenciaron. El tráfico aéreo, una vez rutinario, ahora está casi erradicado. Los esfuerzos se centraron en lo que se había convertido en uno de los corredores más utilizados por los cárteles venezolanos y colombianos. El tráfico a través del Caribe ha sido fluido desde hace mucho tiempo, y la República Dominicana se ha convertido en uno de sus ejes. Estimaciones estadounidenses sugieren que casi el 90% de las drogas que ingresan al Caribe central pasan por aguas dominicanas de alguna forma: en lancha rápida, buque portacontenedores o transbordo de carga en alta mar. Estas rutas no son fijas y las redes son modulares, según un funcionario. Los traficantes colombianos y venezolanos rotan intermediarios en lugar de construir grandes estructuras de cártel. Los actores locales se encargan del transporte, el almacenamiento y los sobornos.
Las operaciones se mantienen discretas, evitando el derramamiento de sangre territorial visto en México o Colombia. En un entorno así, las disputas entre narcos se resuelven discretamente, y los actores prefieren compensar las pérdidas y priorizar la continuidad sobre la violencia. Esta dinámica, dicen los expertos, es en parte la razón por la que la República Dominicana, a pesar de su volumen de tráfico, ha evitado la guerra al estilo de los cárteles. Nueva cooperación para los funcionarios estadounidenses, uno de los indicadores más claros del progreso dominicano es diplomático. Durante años, la República Dominicana se unió a los foros antidrogas, pero rara vez los lideró. Hoy en día, se encuentra entre los tres principales países que extraditan fugitivos a los Estados Unidos, con más de 200 extradiciones desde 2020. Las operaciones avanzan más rápido. La burocracia es más ligera. La sospecha se está desvaneciendo.
Washington, históricamente cauteloso, ahora expresa abiertamente su admiración. Una funcionaria del Departamento de Estado estadounidense afirmó que la cooperación bilateral es «la más sólida que jamás haya existido». Estados Unidos ha proporcionado equipos, incluyendo escáneres no intrusivos capaces de detectar cargamentos de alto valor ocultos en cascos de yates, carga que antes salía de los puertos dominicanos de forma discreta y rentable. La tecnología importa, afirmó. Pero la voluntad política importa aún más. Gran parte de esa voluntad ha sido impulsada por el contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, nombrado jefe de la Dirección de Control de Drogas en 2021 y ampliamente reconocido como un reformador disciplinado y transparente.
Bajo su liderazgo, los datos de incautaciones se hicieron públicos. Las irregularidades se reportaron en lugar de ocultarse, dijo un funcionario del Departamento de Estado. «Realmente creo que gran parte del éxito de los últimos años se debe a él y a su liderazgo dentro de la institución», dijo al Herald. Bajo el liderazgo de Cabrera Ulloa, la relación institucional entre los dos países se ha caracterizado por la integridad y la transparencia, dijo, y agregó que una de las primeras cosas que hizo cuando fue nombrado para el cargo fue abrir de inmediato la puerta a la cooperación con la DEA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Nuevos desafíos. Si la cocaína y la heroína definieron la última generación, el fentanilo define la próxima. El opioide está devastando ciudades de EE. UU., provocando muertes récord por sobredosis y reconfigurando las cadenas de suministro globales.
Sin embargo, persisten vulnerabilidades y las autoridades sospechan que el dinero procedente del narcotráfico se ha infiltrado en los concesionarios de autos y bienes raíces de lujo del país, ambos negocios con un alto volumen de efectivo. Esta situación ha llevado a las autoridades locales a ordenar a equipos de inteligencia financiera que colaboren con agencias estadounidenses y europeas para detectar y desmantelar los canales de lavado de dinero.
Sin embargo, persisten vulnerabilidades y las autoridades sospechan que el dinero procedente del narcotráfico se ha infiltrado en los concesionarios de autos y bienes raíces de lujo del país. Esta situación ha llevado a las autoridades locales a ordenar a equipos de inteligencia financiera que colaboren con agencias estadounidenses y europeas para detectar y desmantelar los canales de lavado de dinero.
En reconocimiento a los logros del país en la lucha contra las drogas, el Departamento de Estado de EE. UU. dio un paso sin precedentes: animó a la República Dominicana a principios de este año a presentar un candidato para dirigir la agencia antidrogas de las Naciones Unidas. Para un país al que antes se le había contactado con cautela, el respaldo demostró confianza no solo en las incautaciones, sino también en la gobernanza. Sin embargo, los funcionarios en Santo Domingo reconocen que el progreso sigue siendo frágil. El éxito, afirman, puede generar complacencia. Las reformas deben perdurar más allá de la administración que las impulsó. La independencia fiscal debe resistir los cambios políticos. La transparencia debe sobrevivir al agotamiento. Y el fentanilo aún acecha entre bastidores. «El trabajo nunca termina», dijo uno de los funcionarios.
Este artículo fue publicado por el Miami Herald, bajo la firma de Antonio María Delgado y por considerarlo de alto interés, lo reproducimos en nuestras páginas.
