El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y el empresario Eduardo Reid Estrella, propietario de la empresa Khersum SRL, interrogados este sábado en la Procuraduría General de la República (PGR), fueron dejados bajo arresto, acusados de cometer actos de corrupción en la aseguradora estatal.
Hazim, Reid Estrella y otros siete, son investigados por el registro de diversas denuncias sobre presunta corrupción administrativa durante su gestión, fueron interrogados por más de cinco horas en una de las oficinas del órgano judicial.
A su salida de la Procuraduría, el doctor Miguel Valerio, abogado de la defensa, confirmó que: “el señor Hazim fue arrestado, vamos a esperar ahora la medida de coerción que será depositada dentro de las 48 horas, y evidentemente, ahí podríamos fijar una posición. Reiteramos que siempre hemos estado a disposición de la justicia”.
Desde las 5:00 de la tarde, Hazim se encontraba en las instalaciones de la Procuraduría General de la República por su vinculación sobre el caso de corrupción en Senasa.
Las autoridades no han informado, hasta este momento, sobre el arresto, por lo que se desconoce si además del empresario Eduardo Reid Estrella, y Rafael Martínez Hazim, sobrino del exdirctor del Senada, hay otros detenidos.
La empresa de Reid Estrella que ha sido señalada por ser adjudicada de manera irregular para gestionar la atención de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.
Adicional a esto, supuestamente, Senasa pagaba a una de sus empresas más de 60 millones de pesos mensuales sin importar si los afiliados recibían o no el servicio médico.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto con la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, encabezaron el interrogatorio al extitular del Senasa, con relación a presuntos actos de corrupción administrativa en la aseguradora estatal.
La crisis en SeNaSa se destapó tras una combinación de denuncias periodísticas, auditorías oficiales y testimonios protegidos, que apuntaron a un esquema sostenido de irregularidades, con repercusiones financieras que amenazan la estabilidad del régimen subsidiado y la continuidad de servicios para los afiliados más vulnerables.
