Comunidades urbanas del Gran Domingo, acompañada por organizaciones sociales, marcharon este miércoles desde el congreso nacional hasta la oficina del abogado del Estado para exigir el cese de los desalojos forzosos y la adopción de medidas legales que garanticen la seguridad habitacional de miles de familias afectadas en los últimos años.
Sectores como La Mina en San Isidro, Ribera del Ozama y la Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este, entre otros denunciaron haber enfrentado desalojos y amenazas de expulsión pese a residir desde hace años en territorios donde el Estado ha instado servicios básicos e infraestructuras públicas.
Santos Mota quien habló en representación del colectivo, afirmó que desalojos vulneran derechos reconocidos en la Constitución pues cualquier procesamiento debe respetar el debido proceso y la inviabilidad del domicilio: “ Además la Ley 107-13 establece que toda actuación estatal debe estar debidamente motivada y ser notificada conforme a la normativa establecida.
