La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló en el expediente de la Operación Camaleón cómo la empresa PagoRD Xchange S.R.L., supuestamente contratada para procesar los pagos de licencias de conducir, se convirtió en el centro de un entramado financiero fraudulento que drenó más de RD$730 millones de pesos de las cuentas públicas entre 2021 y 2024.
Según el Ministerio Público, la empresa fue creada y controlada por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) mediante el uso de prestanombres, el venezolano Mariano Gustini Ponce y el mexicano Manuel Eduardo Mora Vázquez, quienes figuraban como representantes formales pero carecían de solvencia o trayectoria empresarial.
De acuerdo con el documento acusatorio, PagoRD Xchange fue originalmente una inmobiliaria llamada Corporación Tiote S.R.L., constituida en 2017 con apenas RD$100,000 de capital. Sin embargo, en 2021 cambió abruptamente de identidad, modificó su objeto social y se transformó en una supuesta empresa tecnológica y financiera dedicada a la “emisión de tarjetas, pagos electrónicos, remesas y transferencias de dinero”.
Detrás de ese cambio, afirma la PEPCA, estaba el verdadero beneficiario: Jochi Gómez, quien buscaba capturar los flujos de efectivo provenientes de los trámites del INTRANT.
El expediente detalla que, bajo la gestión de Rafael Ernesto Arias Ramírez como director del INTRANT, se firmaron dos convenios para la recaudación de pagos por servicios de licencias: uno con el Banco Múltiple BDI, S.A., y otro con PagoRD Xchange S.R.L., el 30 de julio de 2021.
El acuerdo otorgó a la empresa la administración directa de los cobros electrónicos, autorizándole a retener un 10% de comisión por cada transacción, un porcentaje cuatro veces mayor al promedio del mercado.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) certificó luego que PagoRD no estaba registrada como proveedora del Estado al momento de la firma, y que el contrato nunca fue sometido al Consejo Directivo del INTRANT ni registrado en la Contraloría General de la República.
“La empresa operaba como recaudadora sin regulación financiera ni autorización de la Superintendencia de Bancos, violando las leyes 10-07, 340-06 y 183-02”, indica la acusación.
Los auditores de la Unidad Antifraude comprobaron que entre 2021 y 2024 el INTRANT generó ingresos por RD$829,398,618.00, de los cuales PagoRD solo transfirió RD$89,993,806.14.
Tras aplicar su comisión de RD$8,999,380.61, el monto efectivamente recibido por el Estado fue de apenas RD$80,994,425.53, dejando un faltante de RD$730,405,431.25 correspondiente a ingresos no depositados ni justificados.
Ese dinero fue desviado a cuentas personales y empresariales de Gómez Canaán, incluyendo OML Inversiones S.R.L., Transcore Latam y otras sociedades de papel. Parte de los fondos se utilizó para adquirir vehículos blindados, apartamentos de lujo en Piantini y una villa en Cap Cana, bienes incompatibles con los ingresos declarados por los implicados.
“Los fondos públicos fueron manejados como si fueran privados, creando un circuito financiero paralelo al margen de las instituciones oficiales”, detalla la acusación formal.
Una fachada tecnológica sin infraestructura real.
La investigación estableció que PagoRD Xchange nunca tuvo equipos propios ni infraestructura operativa.
Los datáfonos y terminales utilizados pertenecían a CardNet y a la empresa Portal, mientras que el procesamiento de los pagos era ficticio: la compañía solo servía de intermediaria para retener fondos.
El Ministerio Público considera que esta simulación tecnológica fue una maniobra deliberada para dar apariencia de legalidad a las operaciones, mientras en realidad se apropiaban de los ingresos públicos y los triangulaban hacia cuentas privadas.
Además, la empresa carecía de personal técnico, servidores bancarios y sistemas de ciberseguridad certificados, condiciones indispensables para procesar pagos gubernamentales.
