La electricidad es un servicio estratégico fundamental para la estabilidad económica y la calidad de vida en la República Dominicana. Por ello, cada decisión en este sector debe ser producto de una planificación rigurosa y de largo plazo. Sin embargo, el Decreto 517-25, justificado en la urgencia de evitar un desabastecimiento, parece responder más a la inmediatez que a una estrategia coherente.
Aunque sus medidas—contratar nueva generación térmica, instalar baterías y autorizar compras masivas—parecen razonables para una coyuntura apremiante, un examen detallado revela serias debilidades. Un aspecto preocupante es la autorización para que las distribuidoras realicen adquisiciones bajo la figura de emergencia.
Esto, aplicado a grandes volúmenes de contratación, genera un amplio espacio para la discrecionalidad, pudiendo derivar en sobrecostos, ineficiencias y falta de controles efectivos, lo que establece un precedente peligroso para el manejo de fondos públicos.
Otro punto contradictorio es la inclusión de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) como suplidora de generación térmica. Esta disposición desdibuja la naturaleza de la empresa y transmite un mensaje de improvisación en la definición de roles dentro del sector.
La preocupación financiera es aún mayor. Con un subsidio eléctrico proyectado en 1,600 millones de dólares para 2025, insistir en soluciones térmicas costosas y compras de emergencia incrementará esta carga fiscal, desplazando recursos cruciales para educación, salud e infraestructura.
Finalmente, el decreto representa una oportunidad perdida para la transición energética. Su artículo que declara de interés nacional la ampliación de la matriz es tan general que no prioriza mandatoriamente las energías renovables, apostando instead por soluciones coyunturales que no fortalecen la resiliencia del sistema.
La verdadera emergencia no es solo producto de factores externos, sino de una falta de previsión acumulada durante años. El país debe aprender que el sector eléctrico no puede depender de parches. Se requiere una política de Estado coherente y estable, que priorice la eficiencia, la diversificación y la sostenibilidad. De lo contrario, se repetirá el mismo ciclo de decretos de emergencia, inversiones onerosas y una carga fiscal que finalmente recae sobre la ciudadanía.
