El sistema eléctrico nacional sigue siendo el gran dolor de cabeza del Gobierno y de la población dominicana, que tiene el grito al cielo por los problemas eléctricos, lo que genera largas tandas de apagones y alta facturación, afectando, principalmente, al segmento más humilde.
Que el jefe de Estado, Luis Abinader, deba intervenir en persona en un tema técnico-operativo, evidencia que la estructura de funcionarios responsables no ha respondido con eficacia. Una planta eléctrica debería ser manejada por técnicos y autoridades sectoriales, no por quien ocupa la primera magistratura del país en un operativo de fin de semana.
En el lenguaje político-administrativo, este tipo de movimientos suele anticipar ajustes. El 16 de agosto —fecha tradicional de cambios de mando y reestructuraciones en la administración pública dominicana— constituye la ocasión oportuna para revisar y, si es necesario, sustituir funcionarios que no han dado la talla. No basta con discursos: la presencia del Presidente en una planta eléctrica es un símbolo de que los responsables han fallado en la prevención y gestión.
En lo que va de 2025, de acuerdo con cifras de las autoridades, las pérdidas del sistema eléctrico nacional alcanzan aproximadamente el 37.6 %, es decir, casi cuatro de cada diez unidades de energía generada no se facturan ni cobran, esto también lo genera la ineficiencia de quienes manejan las empresas eléctricas.
Un ejemplo comparativo es que en América Latina, países como Chile o Costa Rica mantienen pérdidas por debajo del 10 %, mientras que República Dominicana supera el 35 %, ubicándose entre los peores de la región.
En los últimos tres años, estas pérdidas han costado al país más de 4 mil millones de dólares, lo que representa un peso fiscal considerable para la nación.
Entre las causas principales están las conexiones no autorizadas y robo eléctrico: Cerca del 13% de los usuarios no tienen medidores, lo que facilita el consumo no medido y no facturado. Faltan unos 700,000 medidores en el sistema.
A pesar de que ya se están ejecutando inversiones y estrategias contra el hurto y para modernizar la red, y hay impulsos hacia renovables, el reto exige una reforma profunda y sostenida del sistema eléctrico. El apoyo ciudadano, el fomento de energía distribuida (como solar doméstico), y una gobernanza más transparente, serán clave para construir un suministro más confiable, asequible y sostenible.
En los últimos años, el sistema eléctrico dominicano ha recibido importantes financiamientos (Más de 1,500 millones de dólares, aparentemente insuficientes), tanto del sector público como privado, destinados a: reducir pérdidas operacionales; modernizar infraestructura de distribución y medición; impulsar la transición energética hacia fuentes renovables; apoyar la sostenibilidad fiscal y eficiencia de las empresas eléctricas.
En fin, el presidente de la República debe brindar apoyo a todas las instituciones del Estado; pero, si es él quien personalmente tiene que hacerse cargo de los problemas que se presenten, no vale pagar cientos de miles de pesos de salario a una persona que resulte ineficiente.