El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por el jurista Trajano Potentini, exhortó a la ciudadanía, a las partes procesales y a la opinión pública en general a acatar y respetar la reciente decisión emitida por los jueces en el denominado caso “Antipulpo”, recordando que el ordenamiento jurídico nacional establece mecanismos institucionales y procesales para impugnar los fallos judiciales.
El gremio hizo un llamado a que cualquier inconformidad con la sentencia sea canalizada conforme a derecho, recurriendo ante las instancias jurisdiccionales superiores, tal como prevén la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y las demás leyes procesales vigentes.
Potentini recordó que, conforme al principio de independencia judicial consagrado en el artículo 151 de la Constitución y reforzado por los artículos 69 y 154 del mismo texto constitucional, los jueces ejercen sus funciones con total autonomía, sin estar sometidos más que a la Constitución y a las leyes.
En ese sentido, subrayó que las decisiones jurisdiccionales se expresan y se agotan a través de la sentencia misma, la cual contiene su debida motivación, siendo esta la única explicación formal que exige el ordenamiento jurídico.
El presidente del CARD citó las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional dominicano, quien ha reiterado que “los jueces hablan por sentencia”, precisando que no les corresponde defender ni justificar sus decisiones fuera de lo establecido en la fundamentación escrita del fallo.
Asimismo, Potentini destacó que el derecho de recurrir es una garantía procesal prevista en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que reconoce a toda persona afectada por una decisión judicial la posibilidad de impugnar, solicitando su revisión por un tribunal superior jerárquico, ya sea a través de recursos ordinarios como la apelación, o extraordinarios como el recurso de casación.
Enfatizó que el respeto a las decisiones judiciales no implica renunciar al derecho a la crítica, pero que esta debe formularse en un marco de responsabilidad y respeto, evitando descalificaciones personales o presiones públicas que puedan socavar la confianza en la administración de justicia.
“El Estado de derecho se sostiene sobre la base de que las decisiones de los tribunales, aún no compartidas, son de cumplimiento obligatorio mientras no sean revocadas o modificadas por un órgano jurisdiccional competente. Desconocer este principio sería abrir la puerta a la anarquía jurídica”, manifestó Potentini.
El Colegio de Abogados reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad, la garantía del debido proceso y el respeto irrestricto a la autoridad judicial, principios que considera esenciales para preservar la paz social, la seguridad jurídica y la convivencia democrática en la República Dominicana.
