La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) mostró su preocupación por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin el debido consenso con los actores claves del sector empresarial que resultarán afectados por la referida legislación.
Cesar De los Santos presidente de la entidad expresó que esa pieza se aprobó sin la elaboración de un estudio técnico independiente que defina los criterios y sustente la toma de decisión, en un tema sensible a las operaciones y competitividad de las empresas.
Señaló que muy especialmente a las pequeñas, medianas y mipymes, las que constituyen con más del 85% de todo el tejido empresarial y gravarlas de manera indiscriminada afecta su rentabilidad, libre competencia, la creación de empleos e incentiva a pasar a la informalidad.
“Reconocemos, que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudió el citado proyecto, hizo una consulta a varias asociaciones, entidades y empresas, en la cual se hicieron observaciones, objeciones y sugerencias. Luego, la comisión hizo ajustes al Proyecto de Ley y lo presentó en el hemiciclo para su aprobación, sin los consultados poder verificar si se incluyeron sus opiniones” apuntó De los Santos.
Sostuvo que el proyecto aprobado no ha sido el resultado “de un diálogo participativo y plural como es debido en una legislación de tanta complejidad técnica que toca tantos intereses y tiene alcance multisectoriales.
Precisó que un proceso de consulta más abierto y participativo hubiese permitido una normativa más cercana al interés nacional, equilibrada, equitativa y justa.
“En el proyecto aprobado y que ahora será conocido de nuevo en el Senado de la República, persisten varias inequidades, que pudiesen ser corregidas o enmendadas con buena voluntad” indicó
Manifestó que el conjunto de empresas afiliadas en la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), distribuidas en todo el, son medianos y pequeños negocios, con un número de empleados en 10 y 50, registrados en la categoría de PYMES.
Afirmó que en cuanto a las actividades del sector de los distribuidores de vehículos, una parte representativa son intermediarios, que obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%), aunque pueden tener alto volumen de operación y venta, sus ingresos reales y utilidades es en base de una comisión por venta. Así es reconocido en DGII para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Argumentó que el proyecto aprobado tiene “un pecado original”. Según los principios contables, es ilusorio gravar los ingresos por venta, pues al momento de realizar las operaciones, las empresas tienen que restar el costo de las mercancías, recibiendo sólo las utilidades o beneficios brutos.
Puso como ejemplo que una empresa que vende RD$ 100 millones al año y el costo de la mercancía puesta a la venta le cuesta RD$ 95.0 millones, tiene un margen de 5%, es decir, RD$ 5.0 millones de utilidades brutas. Por lo que es incorrecto gravar el ingreso por venta, pues nadie debe pagar por un beneficio que no ha recibido.
Recordó que en Ecología y Ambiente hay un principio cardenal, que no debe perderse de vista: “El que contamina paga”, por lo que los renglones de la economía que están directamente relacionados con el objeto de la Ley deben ser revisados e incluidos en la contribución, pero hay otros que no tienen por qué ser penalizados. La ley debe ser equitativa, la “penalidad” no debe ser por el nivel de venta, sino por el aporte de contaminación.
Destacó que se requiere evitar la doble tributación, pues los vehículos de motor pagan entre 1 y 3% , del valor CIF ( costo , seguro y flete) , por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relativos al carbono (CO2), y también las empresas cubren adicional la recogida de desechos sólidos ( basura), situación que el proyecto de Ley debe tomar en cuenta.
