El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este miércoles la fortaleza de la investigación que llevó al arresto de militares y civiles en la Operación Lobo puesta en marcha por el Ministerio Público contra una red de sobornos y resaltó que cinco de diez imputados admitieron su participación en los hechos graves que afectaron a varias instituciones del Estado.
“El hecho de que cinco de los diez imputados, o sea, el 50% de los imputados, haya admitido los hechos es una muestra de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y de las razones que hemos aportado al tribunal para que acoja el pedimento del Ministerio Público e imponga a estos (los que confesaron) arresto domiciliario e imponga a los demás prisión preventiva”, sostuvo Camacho.
“Este es un proceso único, ya que pocas veces un proceso tiene a los sobornantes, a los intermediarios y a los sobornantes, y ahora esperamos que el sistema de justicia, sobre todo, con aquellos que no han colaborado con el Ministerio Público, responda en consecuencia”, indicó Camacho.
El responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezó el equipo de fiscales en la audiencia y que estuvo integrado además por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
Al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron, el procurador adjunto calificó como irrefutables las pruebas presentadas al tribunal, las cuales incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción vinculada a los sobornos.
“Cada peso que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables que fueron aportados desde Senase al proceso y con las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos”, puntualizó Camacho.
Explicó que el expediente confirma que todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos. “Hay un hecho fundamental: las transferencias las hizo Quilvio Rodríguez desde su empresa directo a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones”, dijo.
“¿Cómo consiguió Quilvio las cuentas de estas personas? Se las facilitaron ellos en reuniones que se hicieron para coordinar la distribución de los sobornos, y esto es razón más que suficiente para que el tribunal imponga la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público”, añadió.
Camacho valoró la colaboración de los imputados que admitieron su responsabilidad penal. “Estas cinco personas, primero, tuvieron la responsabilidad de admitir los hechos y de explicar ante el tribunal cuál fue el mecanismo utilizado para la recepción de esos sobornos, y con esto, además, confirman la teoría del caso del Ministerio Público en el proceso”.
Destacó que la colaboración debe ser un elemento diferenciador en el proceso penal. “Las personas que colaboran con el sistema de justicia, el sistema de justicia debe tener un mensaje diferente para con relación a esas personas, que ahora tienen mucho menos incentivo para evadirse del proceso, porque están en colaboración con el Ministerio Público”, indicó.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y será este jueves, a las 6:00 de la tarde, cuando emita la decisión.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
