La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), entidad integrada por unas 56 organizaciones sociales, llamó este martes la atención de las autoridades y la sociedad en general, sobre el rumbo que lleva el país por la discusión sobre la inclusión en el Código Penal de la despenalización del aborto en tres causales.
En ese sentido, ADESA afirma que la demanda no solo atañe a las mujeres sino a la sociedad en su conjunto.
El derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo cuando su vida corre peligro, cuando el embarazo es inviable (no tiene posibilidad de dar vida) y cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto; debe ser reconocido como tal, un derecho de las mujeres, que implica la recuperación de la palabra, a tomar decisiones y posiciones por ellas mismas, además del empoderamiento de sus vidas y su salud.
ADESA, entiende que la lucha por la interrupción del embarazo en tres causales, es parte de las demandas por la salud integral de las niñas y las mujeres; una deuda pendiente del Estado dominicano, que no ha sido capaz de implementar políticas públicas en materia de salud que aseguren una vida plena en consonancia con la dignidad de las niñas y las mujeres.
“Por eso hoy existe la necesidad de que los grupos de mujeres, organizaciones sociales y personalidades de la sociedad salgan a las calles demandando respuesta y respeto de sus derechos”.
“La salud, la vida y la dignidad de las niñas y las mujeres no pueden reducirse a un tema de ideologías, es un tema de derechos, históricamente vulnerados por una sociedad. De ahí la justeza de la lucha por igualdad de oportunidades, y la importancia de la lucha por el derecho a decidir sobre su vida y exigir la aprobación de las tres causales en la interrupción del embarazo.”
En un comunicado de prensa, la articulación de carácter social y comunitario recordó, además, como parte de la deuda del Estado con el pueblo dominicano, la puesta en marcha de un sistema de salud incluyente que garantice atención medica integral de calidad para todos, una cobertura de acceso universal, una atención primaria que contemple la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, incluyendo la orientación en salud sexual y derechos reproductivos, acceso a medicamentos y métodos de planificación familiar y de protección sexual.
La Alianza pidió a las autoridades del Poder Ejecutivo, a los legisladores-as, a las iglesias en todas sus denominaciones a revisar las estadísticas de las muertes materna por causas prevenibles.
“Es hora de cambiar esta realidad, el Estado tiene la obligación de cumplir su rol de garante de derechos, legislar y crear las políticas públicas que garanticen el derecho de las niñas y las mujeres a salud integral. Este es el momento justo para que el país sea una a una sola voz, sin importar color de piel, nacionalidad y creencias, unámonos como un solo cuerpo con un único propósito, “la defensa de la salud, la vida y la dignidad de nuestras mujeres”.
