El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), condenó este martes la manera que fue realizado un allanamiento en una residencia utilizada hace más de 12 años como oficina política por el alcalde de Santiago, Abel Martínez.
Los legisladores del PLD consideraron que la Fiscalía de Santiago actuó con malas intenciones al realizar un cateo que a todas luces refleja debilidades procesales en todas las etapas de su ejecución.
En ese sentido, responsabilizaron de forma directa al Ministerio Público de Santiago y a la dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas por la realización de este allanamiento.
En un documento conjunto, dado a conocer en una rueda de prensa, los legisladores peledeistas, manifestaron que con esta acción, se pretendía manchar la imagen de Abel Martínez, que en los actuales momentos representa una de las figuras de mayor proyección política a nivel nacional dentro y fuera de su partido, el de la Liberación Dominicana.
De acuerdo a los congresistas, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y la Directora de Persecución, Yeni Berenice Reinoso nada tienen que ver con esta acción y responsabilizaron al fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, de quien esperan se establezcan responsabilidades y sanciones por su acto ilegal.
Los integrantes del bloque calificaron como abusivo y descabellado el allanamiento a la oficina política de Abel Martínez, ya que se atenta contra la moral de uno de los alcaldes más populares del país y una de las promesas jóvenes y potable de la clase política nacional.
Considerarón que esta acción también constituye un insulto y un agravio a la población de Santiago que ha valorado las gestiones de Abel Martínez como las más exitosas en todo su paso por la administración pública.
Los diputados del PLD indicaron que resulta muy extraño que pese a que el al fiscal Núñez se le aclaró en todo momento que ese inmueble no era la casa señalada en la orden del allanamiento, este siguió con la acción, violentando el artículo 159 de la Constitución de la República, en una clara señal de que el interés del Ministro Publico actuante no era judicial, sino político.
