Consiste en un desafío a las ejecuciones del gobierno de Luis Abinader, las exigencias del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que pidió cesar la “campaña de denuncias irresponsables” en contra exfuncionarios del Gobierno que encabezó Danilo Medina, entre el 2012 y el 2020.
El PLD, que no actuó bien y fue sacado del poder, debe recibir una respuesta contundente, tanto del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de manera política, de la sociedad dominicana, y del mismo Gobierno, pues ya la Dirección General de Ética Gubernamental actuará de acuerdo a sus funciones sin pausa.
Las declaraciones del PLD fueron irresponsables, el pueblo dominicano merece saber las acciones desarrolladas por su administración; están obligados a rendirle cuentas a la sociedad.
Hay muchas denuncias y esperemos que no se queden solo en eso, sino que se investiguen los casos sobre los discos duros que se desaparecieron del Plan Social, los miles de millones desaparecidos del programa Quédate en Casa, el caso de los 11 mil 500 millones del tema del asfalto, y otros más. Que dejen de estar gritando sin que ni siquiera se haya hecho un sometimiento formal, que espere, que habrá tiempo de sobra para llorar todo lo que quieran.
El presidente del PLD, Temístocles Montás, dijo que si tienen pruebas que validen esas denuncias, que los sometan a la justicia.
“Si tienen alguna documentación que valide las denuncias, que nosotros consideramos irresponsables, que procedan a someter a consideración de la justicia, pero que no se esté jugando con la reputación de compañeros haciendo denuncias que luego no hay forma de sostenerlas”, indicó Montás.
“Debe prevalecer la verdad y la justicia”, muy bien dicho por el exprocurador Francisco Domínguez Brito, pero mientras él se expresa de esa manera, su partido, el Comité Político del que forma parte, hace y dice todo lo contrario.
El ya no tan poderoso Comité Político, en vez de andar exigiendo que no se le investigue, lo que debe es dejar que la justicia haga su trabajo a fondo y responsable y no estar intimidando a las nuevas autoridades, que están obligadas a dar una respuesta satisfactoria a la población que los eligió.
