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Buscan mayor participación Estado en extracciones mineras

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM), remitió al Poder Ejecutivo el anteproyecto de ley de la Minería, una iniciativa consensuada que promueve una mayor participación del Estado en la riqueza extraída, sin desmedro de la rentabilidad de la empresa privada en un modelo ganar-ganar.

“Esta es una apuesta histórica, sin precedentes. Por un modelo minero que apunte a explotar las riquezas del subsuelo y hacerlo en forma racional y a ganar sin expoliar”, proclamó el ministro del MEM, Antonio Isa Conde.

Desde septiembre Energía y Minas ha estado socializando el texto con actores empresariales, industriales, sociales y académicos en coloquios y un foro web.

En estas consultas se recibieron 1,150 observaciones, comentarios, propuestas y sugerencias, que han sido útiles para elaborar un anteproyecto de ley consensuado y completo.

El anteproyecto fue concebido sobre los pilares de la minería sostenible y socialmente responsable y contempla la creación del Sistema Nacional de Distribución de la Renta Estatal Minera. Tiene por objetivo gestionar de manera eficiente y transparente dicha renta.

Del mismo modo,  proporción para financiar proyectos de desarrollo sostenible en el país. También procurar que los beneficios de la actividad minera se distribuyan equitativamente entre las empresas, el Estado y las comunidades, lo que es necesario para que los derechos soberanos del Estado dominicano sean ejercidos impulsando el desarrollo sostenible del sector minero nacional.

Asimismo metálico y no metálico, cumpliendo con las exigencias necesarias en materia de sostenibilidad. También precaución, prevención, eficiencia, vigilancia, juridicidad. De igual modo, transparencia y rendición de cuentas”.

Así se explica en la carta de remisión al presidente Danilo Medina y al consultor jurídico, Flavio Darío Espinal.

El anteproyecto incluye los temas del marco institucional minero, las normas relativas a los títulos habilitantes. De igual manera licencias y concesiones, régimen de nulidad, caducidad y extinción de derechos.

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