La coordinación de la Marcha Verde en la provincia Peravia exigió este domingo la anulación inmediata del contrato firmado entre el Gobierno y la Odebrecht para la construir las plantas a carbón de Punta Catalina, así como la expulsión del territorio nacional de la multinacional mafiosa.
Después de recorrer en caravana los principales sectores de Baní y de trasladarse hasta la zona de Punta Catalina, los manifestantes proclamaron que las plantas pueden ser terminadas por una empresa que no sea delincuente como Odebrecht, y deben ser transformadas para que utilicen gas natural y no el altamente contaminante carbón mineral.
En el manifiesto de la actividad, el movimiento declaró nulo el acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, exigiendo que los ejecutivos de la empresa sean procesados penalmente.
El movimiento considera que a más de ocho meses de que la Odebrecht admitiera el pago de más de 92 millones de dólares en sobornos, el procurador Jean Alain se ha mostrado incapaz de presentar las pruebas convenidas, “con lo cual queda claro que el objetivo del acuerdo era ocultar las sobrevaluaciones que sirvieron de base a la financiación política ilegal y garantizar impunidad para la constructora y sus cómplices”.
