San Cristóbal.-El alcalde de este municipio, Nelson Guillén, presentó un acto de intimación contra el periodista Rafael Lara, director del portal Caliza Digital, por alegada difamación e injuria.
Guillén, quien es periodista de profesión, instrumentó el acto legal contra el profesional de la comunicación y el diario digital, por haber publicado declaraciones emitidas por el concejal Elvis Rosario, en la que solicita al ejecutivo municipal que presente el recibo que emite la Cámara de Cuentas, al hacer entrega de la Declaración Jurada de Bienes, conforme a la Ley 311-14.
El periodista Lara, quien además forma parte del staff de comentaristas del programa radial El Matutino de San Cristóbal, también ha estado denunciado por diversos medios, acciones, alegadamente, irregulares ocurridas en el Ayuntamiento de esta demarcación.
La primera denuncia está relacionada a la concesión de dos contratos sin licitación, por un monto superior a los RD$82 millones, a dos compañías, en violación a la Ley 340-06.
Según informaciones dadas a conocer por el director de Caliza Digital, los propietarios de las compañías que recibieron los contratos, son personas que colaboraron con la campaña en la que Guillen resultó electo alcalde por San Cristóbal.
Lara reveló que para la aprobación de esos contratos el ejecutivo envió una carta al Concejo de Regidores, donde pedía a los ediles ceder los contratos sin concurso.
El periodista dijo que de haberse hecho eco de esas y otras informaciones les ha valido sentir la actitud colérica del alcalde Guillen.
Yo estoy sorprendido por el cambio que ha dado el reconocido periodista, a quien se le conocía como un hombre ecuánime y democrático, pero una vez asumió el poder se ha transformado, acotó Lara.
El comunicador mostró preocupación por su seguridad, dado el hecho de que allegados al ejecutivo municipal comentan sobre un plan para sacarlo del programa que produce en la emisora Magis 98.3 fm, e inhabilitar el medio digital que dirige.
Cualquier cosa puede pasar, pero seguiré denunciado las acciones que no estén conforme a las leyes y que no estén apegadas a los aspectos éticos que rigen la administración pública, señaló Lara en una nota.
